27 funcionarios del Gobierno Regional de Cusco están en el ojo de la Contraloría General de la República tras un informe exhaustivo que pone en duda la idoneidad de sus contrataciones y designaciones. Entre los señalados, destaca la designación de Yunder Labra Corrales, cuyo contrato ha levantado sospechas de documentación imprecisa.

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El informe de control específico 005-2024 revela que algunos de los designados no cumplían con el perfil requerido para sus cargos. La situación se agrava con la posible adulteración de documentos y currículums vitae de los contratados, una falta grave contra la meritocracia profesional cusqueña.

Además, el informe también detectó que se agregaron certificados laborales y habilitaciones de colegios profesionales luego de los nombramientos a manera de regularizar papeles. Sin embargo, la normativa es clara: la oficina de recursos humanos debe verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la contratación, no después.

Contrataciones Bajo Lupa

La Contraloría advierte sobre sendas inconsistencias en el proceso de designación y contratación de gerentes y subgerentes. El caso de Yulder Labra Corrales es uno de los que llama la atención porque se le acusa de usar certificados laborales con información imprecisa para acreditar experiencia inexistente. Este acto podría desencadenar hasta denuncias penales por falsificación de documentos y otros delitos relacionados.

Normativa y Consecuencias

La ley 31 419 y su reglamento son explícitos en cuanto a los requisitos para la contratación de funcionarios públicos en altos cargos. La experiencia laboral debe ser verificada y registrada, ya sea en el sector público o privado. Por eso, la Contraloría insta a la procuradora del gobierno regional a iniciar acciones legales contra los responsables y al gobernador regional a asumir las acciones correctivas necesarias.

Reacción y Responsabilidad

Ante estas acusaciones, el gobernador regional, Werner Salcedo, ha anunciado que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la Contraloría. Argumenta que la entidad no comprende su labor y está confundiendo la normativa vigente. Sin embargo, la responsabilidad de verificar la documentación recae en la oficina de recursos humanos del gobierno regional, y cualquier irregularidad en la designación puede llevar a sanciones administrativas o incluso penales.

El informe sugiere que el gobierno regional no ha realizado adecuadamente los filtros necesarios en la contratación de su personal. La normativa reciente modifica el Código Penal en lo referente a la designación de funcionarios que no cumplen con los requisitos.

Contrataciones en el Gobierno Regional de Cusco bajo la lupa de la Contraloría

Por su parte, la Contraloría, a través de su Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), puede inhabilitar o destituir de la Función Pública a quienes han incurrido en flatas graves.

• Contratar bienes servicios u obras sin procedimiento de selección cuando existe la normatividad de dar la conformidad a bienes y servicios.
• Autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados.
• Usar, bienes o recursos públicos.
• Incumpliendo de las normas de percibir doble remuneración.
• Actuar con parcialidad en los contratos licitaciones y otros procedimientos.
• Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas usando el cargo o autoridad.
• Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional el ejercicio de sus funciones.

Este último punto recaería en el jefe de Recursos Humanos del Gobierno Regional por qué habría incumplido sus funciones al no verificar bien los requisitos de los funcionarios contratados.

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