Líderes de pueblos indígenas de Perú hacen un llamado urgente a Estados Unidos, Suiza, India y Arabia Saudí para que cesen la compra de «oro sucio» extraído ilegalmente de la Amazonía. Esta denuncia se produce en el marco del encuentro «Defensa de la Amazonía ante el infierno minero», convocado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Lima. Wilfredo Tsamash, líder awajún y representante de pueblos indígenas de San Martín, reveló una estadística alarmante: «El 70% del oro exportado del Estado peruano es dinero ilegal». Tsamash hizo un llamado directo a los principales compradores internacionales: «Se pide a Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudí, la India, quienes son compradores, cesen esta acción porque este mineral está manchado con la vida que ha cobrado de pueblos indígenas y la biodiversidad».

Origen del oro

Los líderes indígenas también esperan la promoción de investigaciones para rastrear el origen del oro y combatir la actividad ilegal. Según Aidesep, en la última década (2014-2024), la minería ilegal ha generado US$7800 millones, una cifra que supera 11 veces lo estimado para el narcotráfico. La situación es grave en Madre de Dios, descrita por el presidente de Aidesep como «un cáncer que presenta metástasis». Los efectos de esta actividad ilegal son devastadores para el medio ambiente y la salud de las comunidades. Se estima que se emiten 185 toneladas métricas de mercurio al año, un contaminante que afecta directamente la capacidad cognitiva y el neurodesarrollo de la población.

Ejecutivo y Legislativo

Los representantes indígenas señalan al Ejecutivo y Legislativo como parte del problema, acusándolos de «impulsar la informalidad para que se pueda dar explotación minera ilícita». Denuncian la promulgación de leyes que fomentan esta actividad, como el registro de formalización minera y la reciente modificación de la ley forestal.

Frente a esta crisis, los líderes indígenas demandan más puestos de vigilancia en el territorio amazónico para destruir las dragas mineras ilegales, así como mayores recursos para investigar la presencia de mercurio en aguas, flora y fauna.  Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de acciones concretas tanto a nivel nacional como internacional para combatir la minería ilegal y proteger la Amazonía y sus pueblos.

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