«Que en este tiempo haya estado un poco paralizado, no es que el pueblo se haya olvidado. Estamos en época de repliegue, pero la resistencia continúa”.

Estas fueron las declaraciones que brindó, hace más de un mes, a Inforegión Ketty Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) sobre las manifestaciones contra el Gobierno.

Hoy la época de repliegue ha concluido. Las movilizaciones ciudadanas se retoman oficialmente el día de mañana con la “Tercera Toma de Lima”, que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y del actual Congreso de la República, entre otras demandas.

Sobre ello, Inforegión participó, junto con la Red de Medios Regionales del Perú, en una entrevista a Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, quien aseguró que el personal de la Defensoría establecerá mecanismos a favor de la protección de los ciudadanos, de la mano con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

Como se recuerda, las protestas en rechazo al régimen, entre diciembre e inicios de este año, han dejado un saldo de más de 50 fallecidos, de los cuales “20 pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas estatales”, de acuerdo al informe final de la Amnistía Internacional sobre los hechos ocurridos en este periodo. 

Amenazas claras contra la democracia

El preámbulo sobre el resultado de estas sigue siendo negativa en torno al respeto y defensa de los derechos humanos, según los especialistas en este tema, como el sociólogo Dante Vera:

“La movilización de mañana tiene un profundo reclamo de dolor, indignación, y la responsable es la presidenta de la República, más los funcionarios que estaban al frente de la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas. No creo que las movilizaciones que ocurran mañana tengan la fuerza suficiente como para desestabilizar el régimen, salvo que ocurra por desgracia algún muerto en Lima o en alguna parte del Perú, y creo que el Gobierno y la Policía tienen que ser absolutamente conscientes de esa situación”.

En medio de ese panorama, en el Congreso se espera debatir un proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, dentro de las facultades que le otorga la Constitución, que busca eliminar la etapa de la investigación preliminar, enviar a los ciudadanos a un proceso judicial directamente, sin el debido proceso, y endurecer las penas de algunos delitos, como el de disturbios, cuando se cometan en Estado de Emergencia.

En este contexto, dicha propuesta legislativa podría limitar el derecho a la protesta pacífica, algo que demuestra constantemente una degradación democrática por parte del actual régimen.

“El Gobierno tendría que, en primer lugar, instruir abiertamente, francamente y públicamente a las fuerzas del orden para que actúen conforme a ley. La Policía tiene mandos profesionales que pueden controlar una movilización sin hacer una matanza de por medio, como ocurrió la vez pasada”, afirmó el sociólogo Dante Vera. 

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