Los familiares de las víctimas mortales de la violencia armada que se vivió en Perú entre 1980 y 2000, por la presencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, reclaman justicia a casi 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en Cusco, los deudos del terrorismo recordaron que siguen sin ubicar los restos mortales de sus familiares. Se estima que cinco mil cusqueños murieron por esta causa.

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Uno de los casos pendientes es el de Toribio Lazo, extrabajador de la municipalidad de Pichigua, que murió tras el ataque de un grupo subversivo a la comuna en 1996. Su hijo Guillermo Lazo, vicepresidente de la Asociación Regional de Afectados por la Violencia del Cusco, denuncia que su padre no es el único que no ha encontrado justicia. Según él, los restos de por lo menos 300 víctimas, naturales de La Convención, Chumbivilcas, Canchis y otros, no han sido encontrados o devueltos a sus familiares.

“Hasta ahora estamos pidiendo justicia. Somos varios los afectados. Hay leyes que no se están cumpliendo. Están escritas nada más, hasta ahora nada se ha hecho. Los restos de la matanza de Incahuasi desde el 2008 no se han entregado, los familiares ya se han muerto, son 12 restos que no se entregan”, afirma Lazo Bustamante.

El dirigente explica que las fuerzas de la Policía Nacional del Perú no fueron ajenas a la matanza de decenas de personas de forma arbitraria. Uno de estos casos se registró en el distrito de Incahuasi en La Convención, donde una comunidad entera desapareció, porque la tildaron de apoyar a los subversivos. Estos restos no han sido entregados a la fecha a los deudos.

Deudos del terrorismo en Cusco piden justicia

El 24 de agosto del 2023, en la cabecera de la avenida Infancia del distrito de Wánchaq, se realizó el homenaje póstumo a las víctimas de la violencia política del país, con motivo del aniversario del informe de la CVR. En la ceremonia pública simbólica, las autoridades develaron una placa recordatoria y estuvieron presentes el alcalde de Wanchaq William Peña, la congresista Ruth Luque, la representante de la Defensoría del Pueblo Rosa Santa Cruz y otros familiares de las víctimas.

Los asistentes al acto demandaron a las instancias del gobierno celeridad en las investigaciones, cuando los responsables de los crímenes siguen en libertad y no hay sanción ejemplar. Asimismo, lamentaron que hasta la fecha no se sabe nada de muchas personas desaparecidas en la región, como en Canchis, Chumbivilcas y otras localidades.

20 años CVR

El informe final de la CVR, presentado el 28 de agosto del 2003, reveló que el conflicto armado interno dejó un saldo aproximado de 69 mil muertos y desaparecidos. La mayoría eran población rural y hablante de lenguas originarias. El documento también propuso una serie de recomendaciones para garantizar la reparación integral a las víctimas y evitar la repetición de estos hechos.

Sin embargo, a 20 años de este hito histórico, los familiares siguen esperando justicia y verdad.