La Corte Suprema de Chile dictó el 28 de agosto la sentencia definitiva por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara. El crimen ocurrió hace 50 años, días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Siete militares en retiro deberán cumplir penas de entre 8 y 25 años de prisión por su responsabilidad en el caso.
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Víctor Jara fue una de las voces más reconocidas de la música popular de América Latina. Su obra se identificaba con el gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973. Tras el golpe, Jara fue detenido junto a otros miles de opositores al régimen militar. Lo llevaron al Estadio Chile, que hoy lleva su nombre.
Allí, los agentes del Ejército lo torturaron brutalmente. Le rompieron las manos y le dispararon más de 40 veces. Su cuerpo lo abandonaron en la calle junto al del exdirector de prisiones Littré Quiroga. Él también había sido secuestrado y asesinado en el mismo lugar.
Los siete exoficiales condenados son Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón y Rolando Melo. Los seis primeros recibieron 15 años por el homicidio calificado de Jara y Quiroga. Además, les impusieron 10 años por el secuestro calificado de ambos. Melo fue sentenciado a 8 años como encubridor.
Los condenados tienen entre 73 y 85 años. Seguían el proceso en libertad, pero ahora deberán ingresar a la cárcel. Otro acusado como autor material, Pedro Barrientos, está requerido en extradición desde Estados Unidos. Una corte federal lo declaró responsable del asesinato de Jara en 2016. Ordenó el pago de 28 millones de dólares a su familia.
Asesinato de Víctor Jara
La familia de Víctor Jara se mostró satisfecha con la sentencia de la Corte Suprema. Su abogado, Nelson Caucoto, dijo que era acorde a la gravedad de los hechos. Afirmó que la justicia había hecho su tarea con apego al derecho nacional e internacional. Agregó que traía consuelo a los familiares de las víctimas que esperaron por tantos años.
Caucoto recordó que Chile tiene un largo camino de investigación todavía vigente. Hay cerca de 1.400 procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Solo en julio pasado, cerca de 60 personas fueron a la cárcel por estos delitos.
Sin embargo, esto viene a fortalecer la esperanza de que otros casos puedan avanzar y llegar a una resolución. «Si había un caso difícil de resolver era éste, y se ha llegado a una buena solución», indicó.