La Contraloría General de la República del Perú ha iniciado una investigación de oficio al contrato que firmó el Ministerio de Cultura con la empresa Joinnus para la venta de entradas al santuario histórico de Machupicchu. El contrato ha sido cuestionado por diversos sectores que consideran que se vulneran los derechos de los visitantes y de las comunidades locales.
Venta de entradas a Machupicchu: ¿Qué oculta la ministra de Cultura?
El Contralor General de la República, Nelson Eduardo Shack Yalta, llegó a la ciudad de Cusco el pasado viernes 2 de febrero del 2024. Se reunió con el gobernador regional y los consejeros regionales para evaluar las obras paralizadas en la región. Sin embargo, en la reunión, anunció que la Contraloría ha intervenido de oficio al contrato entre el Ministerio de Cultura y Joinnus, que se firmó mediante dos órdenes de servicio.
Según Shack, los auditores de la Contraloría están recabando la información y la documentación necesarias para emitir un informe en las próximas tres semanas. El informe contendrá las recomendaciones para las acciones oportunas, si se detectan o no irregularidades en el contrato.
“Ahora hay que esperar los resultados de las investigaciones que realiza el personal, que debe concluir este mes de febrero, el mismo que será de conocimiento público, cuyo informe será emitido con las recomendaciones, si hubo o no irregularidades”, señaló Shack.
El contrato entre el Ministerio de Cultura y Joinnus ha generado polémica porque implica que la empresa se encargue de la venta de entradas al santuario de Machupicchu, tanto en línea como en las boleterías. Además, la empresa cobraría una comisión del 3.9% por cada entrada vendida, aparte de un alquiler por la plataforma.
Los operadores turísticos, los guías, los transportistas y las comunidades locales, también han criticado el contrato porque temen que se afecte la calidad del servicio, la seguridad de los visitantes y los ingresos de los sectores vinculados al turismo.
Contraloría acelera investigación a Ministerio de Cultura por caso Joinnus: ¿y las obras paralizadas?
Otro tema que abordó el Contralor General de la República fue el de las obras paralizadas en la región de Cusco. Según Shack, Cusco tiene 346 obras paralizadas que representan un costo de 1582 millones de soles. De ese total, solo 2 pertenecen al Gobierno Regional Cusco, 328 son responsabilidad de los gobiernos municipales y 16 del gobierno nacional.
Shack calificó esta situación como preocupante y anunció la implementación de mesas técnicas para destrabar la mayor parte de las obras, junto con el Congreso de la República, las autoridades regionales y los demás actores involucrados en este proceso.
Shack dijo que las obras paralizadas tienen distintos orígenes: estudios mal hechos, incapacidad de los funcionarios públicos, entre otros. Además dijo que todo eso afecta el desarrollo de la región y el bienestar de la población, especialmente en los sectores de educación, salud, saneamiento, transporte y agricultura.
En ese sentido, recordó que, desde hace muchos años atrás, la Contraloría ha resaltado públicamente sobre la necesidad de aplicar una reforma de la Ley de Contrataciones del Estado. “Es necesario que se retomen las obras paralizadas, que se ejecuten con transparencia y eficiencia, y que se entreguen a la ciudadanía en las mejores condiciones”, afirmó Shack.
El Contralor General de la República se comprometió a seguir fiscalizando el uso de los recursos públicos y a sancionar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción o inconducta funcional. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en el control social y a denunciar cualquier irregularidad que observen en la gestión pública.