LIMA. El pasado 5 de febrero, la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima archivó la denuncia por calumnia que había recibido la defensora ambiental Lucila Pautrat por parte de la empresa Tamshi S.A.C. 

Al respecto, Pautrat conversó con Inforegión. Para ella, esta denuncia, al igual que las otras tres, habrían sido realizadas por la empresa como una forma de criminalizar las labores de los defensores ambientales. 

Denuncias contra Pautrat

De acuerdo a la defensora ambiental, ella habría recibido cuatro denuncias por parte de Tamshi S.A.C. Estas habrían surgido tras la publicación de Pautrat que hablaba sobre la deforestación de más de 2500 hectáreas de bosques tropicales primarios en Tamshiyacu, distrito Fernando Lore, provincia Maynas, región Loreto. 

“Cuatro denuncias penales de las cuales se han cerrado tres, porque, en el caso de la querella se ha ganado el proceso. (…) Todavía hay un proceso que está en investigación en Iquitos”, explicó Pautrat a Inforegión.

Respecto a la querella, en el 2021, Lucila fue condenada a dos años de prisión suspendida y una reparación civil de S/ 50 000. Esta medida fue confirmada posteriormente por la 8ª Sala Penal Liquidadora de Lima. Sin embargo, en octubre del 2023, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la sentencia.

Criminalización de defensores ambientales

De acuerdo a Lucila Pautrat, las empresas buscarían intimidar a defensores ambientales, para que no ejerzan la defensa de los bosques tropicales y comunidades nativas. Sin embargo, señaló que estas denuncias no los amedrentarán.

“Creo que ya ha quedado demostrado que es una acción infructuosa que no logra amedrentarnos y, mucho menos, detener la acción de los defensores. En ese sentido, nosotros seguimos firmes y ninguna acción nos va lograr amedrentar en la defensa de los bosques”, mencionó Pautrat. 

La defensora señaló que, según la coordinadora nacional de derechos humanos, en el Perú hay más de 1800 defensores criminalizados. Dato alarmante que muestra la penosa realidad cuando se quiere hacer frente a actividades irresponsables ejercidas por empresas. 

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