La compra irregular de un camión compactador de basura, no solo ha generado un perjuicio económico al Estado de S/ 63,550 sino que también ha revelado deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. La Contraloría General ha detectado este caso en la Municipalidad Distrital de Unión Ashaninka, provincia de La Convención, región Cusco.
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El Informe de Control Específico señala que, durante el 2022, se elaboró un expediente técnico para la adquisición de vehículos destinados a la recolección de residuos sólidos. No obstante, se omitió información crucial sobre la densidad de los residuos, resultando en la compra de un camión con capacidad inferior a la necesaria.
La densidad promedio de los residuos sólidos municipales sueltos en el distrito es de 216.64 kg/m³, lo que implica que un camión de 15 m³ debería poder transportar aproximadamente 9,748.8 kg de basura compactada.
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Capacidad y calidad comprometidas
La realidad es que el camión recibido solo puede manejar 6,429 kg, menos de lo prometido por el proveedor. Además, la procedencia nacional exigida para la caja compactadora restringió indebidamente el proceso de selección, contraviniendo las normas estatales de contratación.
Además, la inspección física del camión reveló que carecía de la pintura de acabado requerida y presentaba signos de corrosión avanzada. Estos problemas no solo afectan la apariencia del vehículo sino que también comprometen su integridad estructural.
Conformidad y pago injustificados
A pesar de las múltiples fallas, los funcionarios aprobaron la compra y realizaron el pago correspondiente sin ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Esta decisión resultó en un perjuicio económico de S/ 63,550 para la municipalidad.
Cinco funcionarios han sido identificados como presuntamente responsables de las irregularidades. El informe, que comprendió el periodo del 7 de abril al 11 de noviembre del 2022, ha sido remitido a las autoridades competentes para iniciar las acciones civiles y administrativas pertinentes en contra de los funcionarios comprendidos en los hechos.
Este caso subraya la importancia de una fiscalización exhaustiva y la necesidad de adherirse estrictamente a las especificaciones técnicas en los procesos de adquisición pública. La vigilancia continua es esencial para prevenir este tipo de situaciones y asegurar la correcta utilización de los fondos públicos.
