La Fiscalía pide nueve años de cárcel efectiva contra el líder de Perú Libre, la inhabilitación para ejercer la función pública por diez años y el pago de una reparación civil de más de 4000 soles.
La tesis del Ministerio Público argumenta que el suboficial Carlos Zárate Villalobos y otros policías designados para brindar seguridad a Vladimir Cerrón, mientras fue gobernador, y Fernando Orihuela, recibieron bonificaciones que no les correspondía entre el 2019 y 2021.
En el caso de Villalobos, resguardó a Vladimir Cerrón pese a que ya no desempeñaba cargo público, pues tras ser condenado por el saneamiento de La Oroya, dejó su cargo de gobernador en agosto de 2019.
-
Recomendados:
- SKY Airline anuncia su primer acuerdo de código compartido junto a Air Europa
- Turismo interno en el Perú proyecta crecimiento este 2026
- Oro robado en Cusco: un asalto de más de S/40 millones a dos mineros
El fiscal Rodrigo Mera sustenta su acusación en las órdenes para pagar los servicios de los policías, respaldados en resoluciones ejecutivas regionales emitidas por los ex gobernadores Cerrón Rojas y Orihuela Rojas, basados en normas derogadas.
Así, el Estado sufrió un perjuicio económico de S/103,500, según la Contraloría General de la República.
El próximo 10 de julio continuará la audiencia de control de acusación como paso previo al juicio oral de Vladimir Cerrón por este caso.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE