El Gobierno Autónomo de la Nación Chapra, situado en el distrito Morona de Loreto, ha emitido un pronunciamiento en respuesta a las crecientes amenazas contra su territorio ancestral. La comunidad indígena cuyo lema reza «la Tierra me dio la vida y por la tierra voy a morir», denunció la presencia de madereros ilegales y otras actividades que ponen en riesgo la integridad de su entorno natural y sus derechos territoriales.

En su comunicado, la Nación Chapra prohíbe el uso de métodos de pesca destructivos como la dinamita y el barbasco en sus ríos, quebradas y cochas. También rechazan la entrada de taladores de madera ilegales, cazadores furtivos e invasores, advirtiendo que quienes desobedezcan estas prohibiciones serán retenidos y sometidos a los procedimientos internos de la justicia indígena.

Amenaza a lideresa chapra

El reciente pronunciamiento de la Nación Chapra, ubicado al oeste de Loreto en la provincia de Datem del Marañón, llega en un momento crítico para los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. En los últimos años, esta región enfrenta un aumento alarmante de actividades ilegales y proyectos invasivos que amenazan su territorio.

En marzo de este año, Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, denunció recibir amenazas de muerte debido a su firme oposición a las actividades petroleras, la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza y la entrada de narcotraficantes y madereros ilegales en su territorio. Su caso llamó la atención de las Naciones Unidas, que junto a organizaciones de derechos humanos, exigieron al Estado proteger su vida y la de su familia.

No más defensores ambientales asesinados

Formada en 2017, la Nación Chapra se estableció con el objetivo de defender los derechos territoriales de este pueblo indígena. Su territorio, que abarca las cuencas de los ríos Morona, Sicuanga y Pushaga, es vital tanto para la supervivencia de su comunidad como para la conservación de la biodiversidad amazónica.

El pronunciamiento de la Nación Chapra refleja su frustración por la ineficacia de las leyes y mecanismos de protección existentes. Con 32 líderes indígenas asesinados en el país, la situación subraya la urgencia de tomar medidas concretas para proteger a los defensores ambientales y los territorios indígenas antes de que sea demasiado tarde.

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