El Perú ya está encaminado a las Elecciones Generales de 2026 y luego las regionales y municipales. Se realizarán el domingo 12 de abril del 2026, para elegir al presidente de la República, dos vicepresidentes, 190 congresistas, 60 senadores y 130 diputados; así como a 5 parlamentarios andinos. Todos para el período 2026-2031. De haber segunda vuelta presidencial, los comicios serán en junio.

Luego, el 4 de octubre de 2026, se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales en todo el país. En las regiones donde no se alcance el mínimo de votación para gobernadores, habría una segunda vuelta en el me de diciembre.

El Congreso actual ha aprobado leyes que han cambiado la Ley de Organizaciones Políticas. La más criticada por algunos especialistas es la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y la otra, la reelección inmediata por un solo periodo para alcaldes y gobernadores regionales que, subrepticiamente, elimina a los movimientos regionales que se alistaban a participar en las Elecciones Regionales y Municipales.

De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso para asegurar que los directivos de los partidos sean personas idóneas, máxime si se presentan para ser las próximas autoridades.    

Para hablar sobre el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones y de todo el panorama electoral de aquí a las elecciones del 2026, la Red de Medios Regionales del Perú invitó a Amelia Hernández, especialista de la Dirección de Normatividad del JNE. También a Ricardo Gálvez, director ejecutivo de Vigilancia Ciudadana. Aquí un resumen de lo que dijeron.

El proyecto del JNE busca que los directivos de los partidos sean las personas más idóneas

Amelia Hernández, especialista de la Dirección de Normatividad del JNE, explicó que lo que se está planteando en la iniciativa legislativa del Jurado Nacional de Elecciones es una modificatoria a la Ley de Organizaciones Políticas.

Es para que en el acta de fundación de cada partido se presente una declaración jurada expresa de los fundadores sobre el compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado constitucional de derecho y a las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución.

La legislación vigente solo considera a fundadores. Nuestra propuesta es que se incluya a los directivos. Y en cuanto a los delitos, también está incorporando otros. Entre ellos, apología al terrorismo, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito, refirió la especialista.

“Lo que se está proponiendo en la modificatoria es que los fundadores y directivos no puedan estar condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada de los delitos mencionados, porque atentan contra la administración pública”, dijo Hernández.

Amelia Hernández, especialista de la Dirección de Normatividad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Enfatizó que para el JNE es muy importante que estos directivos -siendo parte de estas organizaciones políticas, quienes analizan y presentan propuestas de solución a la problemática de la sociedad para mejorar la calidad de vida [de los peruanos]- tienen que ser personas idóneas, personas correctas, que no carguen estos delitos.

Los partidos tienen que dar cuenta al JNE si un directivo termina sentenciado y separarlo

La especialista del JNE dijo que en la iniciativa legislativa también se ha contemplado que, en el caso de que un fundador o directivo, en el ejercicio del cargo, sea sentenciado por uno de los delitos considerados, la organización política debe dar cuenta al JNE. Luego, retirar del cargo a ese fundador o directivo. Y así, se suspende su participación en el proceso electoral que está en curso o en el siguiente más próximo.

“Esto no es un candado. No es un impedimento legal de participación política de estas organizaciones, sino más bien, es algo que está del lado de las organizaciones políticas”, aseguró.

Amelia Hernández, especialista de la Dirección de Normatividad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Hernández Donaire explicó que, si un ciudadano conoce que el fundador o directivo está siendo o ha sido sentenciado en pleno ejercicio del cargo, lo que tiene que hacer es actuar inmediatamente. Por eso se da esta modificatoria.

«Lo que permite este proyecto es que se fortalezca la confianza ciudadana»

Sobre los cuestionamientos de algunos directivos de partidos al proyecto del JNE recién presentado, la especialista del JNE dijo que “a veces a los jugadores de una contienda no les gustan ciertas reglas. Pero las reglas están hechas y además son reglas objetivas”.

“Es muy común que existan discrepancias. Lo que permite este proyecto de ley es que se fortalezca la confianza de la ciudadanía frente a las organizaciones políticas. Porque sin estas organizaciones políticas, no se puede ejercer el derecho de participación, que es el derecho a ser elegido. Y en nuestro país, podemos ser candidatos [solo] a través de las organizaciones políticas”, dijo.

Amelia Hernández, especialista de la Dirección de Normatividad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

La iniciativa ha sido entregada al Congreso y es el que debe seguir el procedimiento. Tendrá que haber un predictamen, luego un dictamen para que puedan debatirlo, y ser así aprobado o no, ante de las Elecciones 2026.

Ricardo Gálvez: El Congreso ha demostrado que legisla a favor de sus intereses y no de la ciudadanía

Ricardo Gálvez, director ejecutivo de Vigilancia Ciudadana, al ser consultado sobre lo que será el año 2026 respecto a las Elecciones, dijo que se está concentrado la atención en el calendario electoral de las Elecciones Generales que se celebran en abril y en junio. Pero que se olvida que, en octubre, se enfrentará una primera y segunda vuelta en regiones, para elegir gobernadores, alcaldes provinciales y distritales.

En ese sentido, respecto a los nuevos cambios a la Ley Electoral como la eliminación de los movimientos regionales, que espera una segunda votación, dijo que el Congreso actual ha demostrado en varias oportunidades que legisla normalmente a favor de sus propios intereses y no los intereses de la ciudadanía, por lo que cree que sí la aprobarán.

“Me sorprendería gratamente equivocarme y constatar que [el Congreso] no haya aprobado la eliminación de una competencia que es feroz con los partidos políticos nacionales cuando se enfrentan en los ámbitos regionales, donde los movimientos regionales obtienen la mayor cantidad de autoridades electas”, dijo.

Ricardo Gálvez, director ejecutivo de Vigilancia Ciudadana

Gálvez del Bosque refirió que la mayor competencia que tienen los partidos nacionales -que hoy se encuentran en una crisis de representación brutal, con un desprestigio y una falta de legitimidad que se ven reflejados en cualquier encuesta y el rechazo de alrededor del 95 y 96 %- son los movimientos regionales.

«La cédula de votación será un papelógrafo»

Se refirió también al problema que se va a encontrar a la hora de votar: la cédula, que tendrá tantos partidos políticos. Esto, “gracias a una irresponsable contrarreforma del Congreso”.

Recordó que actualmente hay 35 o 36 partidos políticos inscritos. Los que van a tener que presentar a las elecciones si no quieren perder la inscripción. Y hay entre 15 o 20 partidos más, que podrían llegar a inscribirse hasta antes de la convocatoria de elecciones. Por tanto, estarán habilitados para participar en las elecciones generales.

“Nos estaremos enfrentando con una cédula con una cantidad de partidos políticos inédita. Una cédula de votación con 50 partidos…entonces imagínense el papelógrafo”

Ricardo Gálvez, director ejecutivo de Vigilancia Ciudadana

«Fue lamentable que los movimientos regionales hayan claudicado»

De otro lado, se manifestó sobre el comportamiento de los movimientos regionales que convocaron a una protesta para el 28 de julio, pero se echaron para atrás. Esto, porque habían logrado un acuerdo con las bancadas para que la segunda votación de este proyecto no existiera.

“Fue lamentable que hayan claudicado en una negociación en la que yo me temo que este Congreso les va a dar la espalda. O sea, por más de que hayan acordado de que no se iban a eliminar los movimientos regionales, y yo espero sinceramente equivocarme y que finalmente no suceda eso”, comentó.

Ricardo Gálvez, director ejecutivo de Vigilancia Ciudadana

Gálvez dijo que, si bien es lo que espera, no significa que los movimientos regionales sean lo mejor y los partidos políticos sean lo peor. Porque existe un fenómeno de corrupción que es transversal. No ve, ni movimiento regional, ni organización política, ni color político y, que no ve ideología tampoco. “Es un mal endémico que tenemos que combatir definitivamente”, expresó.

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