La Procuradora Pública Regional de Arequipa, Luz Amparo Begazo Burga De Dávila, confirmó que los dos procesos arbitrales relacionados con el Proyecto Especial Majes Siguas II Etapa han sido transferidos a la Procuraduría del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), bajo la responsabilidad de Katty Mariela Aquize Cáceres. Esta medida forma parte del convenio de transferencia del proyecto firmado entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y MIDAGRI.
En 2023, se iniciaron dos procesos arbitrales. El primero enfrenta al GRA y la concesionaria Cobra, con un laudo arbitral emitido el 24 de junio. Ante este fallo, la Procuraduría Pública Regional de Arequipa presentó una solicitud de anulación ante la Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El segundo arbitraje involucra a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y la supervisora del proyecto. Actualmente, las partes se encuentran en la etapa de presentación de alegatos ante el tribunal arbitral. Sin embargo, será la Procuraduría de MIDAGRI la que defina cómo continuará la defensa legal, una vez finalizada la transferencia completa del proyecto.
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Este segundo proceso arbitral, iniciado el 12 de junio de 2023, incluye diez pretensiones principales y una accesoria, según lo estipulado en el convenio de transferencia. Mientras tanto, el primer arbitraje comenzó el 31 de agosto del mismo año.
“Ellos son la Procuraduría competente para llevar adelante los dos arbitrajes”, declaró Amparo Begazo, subrayando que MIDAGRI ahora será la responsable en la defensa en ambos casos.
Arbitraje internacional
La procuradora regional también señaló que, hasta la fecha, no se tiene conocimiento de que Cobra, la concesionaria a cargo del proyecto Majes Siguas II, haya iniciado alguna acción ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). «Supongo que están esperando o no hay nada al respecto», comentó.
El proceso de transferencia de la defensa judicial y arbitral del Proyecto Majes Siguas sigue en camino. Para completarse, es necesario que la Procuraduría General emita una resolución formal que establezca que la Procuraduría del MIDAGRI asume la defensa legal.
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