La reciente visita a Cusco del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, no estuvo exenta de controversias. Arévalo evitó aceptar la creciente desconfianza de la población hacia la institución que lidera. Según las encuestas recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de los peruanos expresa una profunda desconfianza en el Poder Judicial.
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Arévalo minimizó los resultados de la encuesta, argumentando que la mayoría de las personas encuestadas nunca han estado en un juicio. «Efectivamente, hay encuestas. Pero las encuestas, muchas veces, responden a personas que no han tenido casos en el Poder Judicial y que simplemente hablan», expresó.
No obstante, las cifras indican una tendencia preocupante: entre 2022 y 2024, el porcentaje de personas que confía «poco o nada» en el Poder Judicial aumentó de 69% a 75%. Esta situación pone de aliviar una crisis de confianza en el sistema judicial, ya que solo un 24% de la población expresa alguna confianza en la institución.
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Presidente del Poder Judicial en Cusco
Arévalo llegó a Cusco para inaugurar la nueva Unidad de Flagrancia, prometiendo juicios rápidos para delincuentes atrapados «con las manos en la masa». Sin embargo, la falta de claridad de Arévalo sobre las sanciones contra jueces que han liberado delincuentes hace cuestionar la utilidad del nuevo módulo de justicia. A pesar de asegurar que «el Poder Judicial no protege a jueces que liberen a delincuentes», Arévalo no ofreció detalles sobre sanciones recientes.
@cuscopost.pe El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se resistió a creer que el 75 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial, dijo que, esas respuestas vienen de personas que jamás han tenido un juicio. #CuscoPost #tiktokinforma #parati #fyp #NoticiasCusco #NoticiasPerú #noticiastiktok
Jueces y Fiscales sancionados
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sancionado a 288 jueces y fiscales en los últimos años, principalmente por irregularidades funcionales, entre ellas la liberación indebida de delincuentes. Estas sanciones incluyen desde suspensiones hasta destituciones, dependiendo de la gravedad de la falta. Más del 30% de estos casos se concentran en Lima y Callao, lo que destaca la magnitud del problema en las principales regiones del país.
Además, el Congreso de la República aprobó en octubre de 2024 un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra los jueces y fiscales que liberen a delincuentes detenidos en flagrancia. Este nuevo marco legal tiene como objetivo reducir la criminalidad y restaurar la confianza en el sistema judicial, que actualmente enfrenta una crisis de confianza. El creciente descontento en la población peruana frente al Poder Judicial no es un problema reciente, pero las cifras más recientes reflejan una crisis cada vez más profunda.