Las presuntas irregularidades en la contratación de dos trabajadoras en la Gerencia Regional Ambiental de Arequipa han generado controversia y sospechas de un posible direccionamiento. 

La denuncia, realizada por el consejero regional César Huamantuma Alarcón, apuntó a que Lucía Pérez Acevedo y Diana Cóndor Sánchez habrían cobrado excesivos montos por presentar informes de trabajo que no realizaron, lo que pone en cuestión la validez de sus servicios. 

Recientemente, se reveló la afinidad entre ambas ingenieras con el subgerente de Calidad Ambiental de la Gerencia Regional Ambiental, Jacob Edwhin Salazar Aldana. 

Según la denuncia de Huamantuma, ambas ingenieras fueron contratadas en 2024 para evaluar instrumentos de gestión ambiental para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal (IGAFOM), bajo una modalidad mixta de trabajo. 

Inicialmente, se les exigió la presentación de 20 informes mensuales, con un salario de 6 mil soles al mes. Sin embargo, en un segundo contrato, la carga de informes se redujo a 10 por mes, pero su sueldo se incrementó a 7 mil soles mensuales. 

El consejero por Arequipa detectó, además, inconsistencias en las firmas de los informes, lo que sugiere que no todos fueron realizados por las mismas personas. Ante estos hallazgos, Huamantuma responsabilizó al gerente Fernando Mejía Vargas y al subgerente Jacob Salazar Aldana por no verificar la autenticidad de los trabajos y permitir que las trabajadoras cobren dichos montos sin una adecuada fiscalización. 

Descargos de los funcionarios 

Tras la denuncia, los funcionarios cuestionados negaron las acusaciones y defendieron la contratación de Pérez y Cóndor. Fernando Mejía Vargas y Jacob Salazar Aldana aseguraron que ambas profesionales cumplieron con sus obligaciones de acuerdo con los términos de referencia (TDR) y que sus informes están registrados en el Sistema de Gestión Documentaria (Sisgedo). 

Sobre las similitudes en los informes, Salazar Aldana explicó que distintos profesionales evalúan un mismo expediente desde diversas perspectivas, con el objetivo de evitar corrupción en la aprobación de los IGAFOM. Además, argumentaron que la modalidad mixta de trabajo se debe a la falta de espacio en la Gerencia Regional Ambiental. 

“Ellas tienen un trabajo mixto. Por el tema de espacio no podemos tener a todos nuestros trabajadores sentados en un escritorio”, justificó Mejía Vargas. Actualmente, de los 30 trabajadores de la gerencia, entre 10 y 12 trabajan bajo esta modalidad. 

Conflictos de interés y vínculos laborales previos 

A pesar de los descargos, nuevas revelaciones ponen en entredicho la imparcialidad del proceso de selección. Se conoció que tanto Lucía Pérez Acevedo como Diana Cóndor Sánchez trabajaron anteriormente en la consultora ambiental JESA E.I.R.L., de Jacob Salazar Aldana, quien además les emitió certificados laborales que les sirvió luego para ser contratadas en la Gerencia Regional Ambiental de Arequipa. 

Salazar Aldana admitió públicamente haber trabajado con ambas ingenieras en dicha empresa. Esto plantea dudas sobre un posible direccionamiento en su selección.  

Pérez Acevedo se desempeñó en la consultora entre julio de 2016 y marzo de 2017. Mientras que Cóndor Sánchez trabajó entre mayo y noviembre de 2022. 

Más aún, Salazar Aldana fue parte del comité que evaluó a ambas profesionales para su ingreso a la Gerencia Regional Ambiental, lo que representaría un posible un conflicto de interés. Además, Fernando Mejía Vargas, actual gerente de la entidad, también trabajó en JESA E.I.R.L. Esto refuerza las sospechas sobre la transparencia del proceso de contratación. 

Actualmente, los contratos de Pérez Acevedo y Cóndor Sánchez ya fenecieron. Sin embargo, Mejía Vargas no descarta la posibilidad de que ambas vuelvan a trabajar en la Gerencia Regional Ambiental. 

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