El 31 de marzo, a las 3:00 p.m., diez defensores ambientales del distrito de Llusco (Chumbivilcas) llegaron al Poder Judicial de Cusco. Ese día debía instalarse una audiencia de juicio en su contra. Las autoridades los acusan por secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado, delitos contra los medios de transporte y disturbios. Los hechos se remontan a las protestas ocurridas entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.
Ese día, sin embargo, la audiencia se reprogramó para el 30 de mayo a las 3:30 de la tarde. En el proceso judicial, la Fiscalía pidió 35 años de cárcel para cada defensor. Además, exigió una reparación económica superior a 3 millones de dólares a favor de la empresa minera Anabi S.A.C.
Los exdirigentes acusados son: Luciano Ataucuri Chávez, Julián Alejo Ataucuri Mancilla, Samuel Acero Hurtado, Edgardo Aguirre Pacheco, Grimaldo Asto Puma, Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Jaime Mantilla Chancuaña, Wilber García Huaycani y Victoria Quispesivana Corrales. Todos ellos defendieron el medio ambiente y los derechos colectivos de sus comunidades.
Criminalización de defensores ambientales en conflictos extractivos en Chumbivilcas
Las protestas en Llusco comenzaron por la preocupación de los pobladores sobre la contaminación en la cuenca del río Yahuarmayo, también conocido como El Molino. El paso constante de vehículos mineros pesados deterioró la carretera local y el puente Santo Tomás. Aunque se crearon mesas de diálogo, el Estado incumplió los compromisos acordados. Esto intensificó el malestar social.
Entre 2020 y 2022, jueces de dos instancias distintas absolvieron a los acusados. En ambas resoluciones, se concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones. También se cuestionó la calidad de la investigación fiscal. Sin embargo, el 25 de marzo de 2024, la Corte Suprema recibió un recurso de casación presentado por la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior. La sentencia anterior fue anulada.
Los abogados de EarthRights International y Derechos Humanos Sin Fronteras defienden a siete de los imputados. Señalan que el caso representa un ejemplo claro de criminalización de defensores ambientales. Según su análisis, el Estado no cumple sus obligaciones internacionales. En lugar de proteger a los defensores del medio ambiente, promueve procesos judiciales extensos sin pruebas sólidas.
Actualmente, Cusco ocupa el segundo lugar en el país con más conflictos sociales y ambientales. Así lo confirma el registro de la Defensoría del Pueblo. En este contexto, el juicio contra los diez dirigentes de Llusco reaviva el debate sobre el uso del sistema judicial para frenar la protesta social.
Para los abogados defensores, la criminalización de defensores ambientales no resuelve el conflicto. Por el contrario, lo agrava. Este tipo de procesos debilita la democracia y amenaza los derechos de quienes protegen la tierra y el agua en sus territorios.