En una operación conjunta llevada a cabo por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú, se descubrió un sofisticado sistema de conectividad ilegal en el pabellón 2 del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región Tacna, a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar.

El operativo, realizado durante una inspección rutinaria, permitió la incautación de una antena de internet satelital instalada de forma oculta y conectada a través de un cable de alimentación a una celda, junto con un router disimulado en una bolsa plástica.

Además del equipo tecnológico, las autoridades encontraron otros objetos irregulares, entre ellos cajas de cigarrillos marca Lucky Strike y audífonos de diversas marcas, hallados en una caleta camuflada en el techo.

Estos dispositivos, destinados a facilitar la comunicación y el acceso a servicios de conectividad desde el interior del penal, han generado alarma sobre la posible coordinación de actividades delictivas y la vulnerabilidad en el sistema de vigilancia de uno de los centros penitenciarios más estrictos del país.

El fiscal César Rodrigo Manchego indicó que se han iniciado las diligencias preliminares para determinar responsabilidades por los posibles delitos de posesión indebida de equipos tecnológicos y otros materiales prohibidos en establecimientos penitenciarios.

Entre los hechos que han encendido las alertas se incluye el reciente traslado de cinco delincuentes, vinculados a organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’ y ‘Compadres’, desde el penal de Lurigancho hacia Challapalca, según informó Javier Llaque, presidente del Consejo Nacional Penitenciario.

La presencia de esta red clandestina pone en entredicho los protocolos de seguridad en el penal y evidencia fallos en la supervisión que podrían facilitar la comunicación ilegal entre internos y actores externos.

Ante este panorama, el INPE ha dispuesto una investigación interna minuciosa para esclarecer cómo se introdujo y operó el sistema sin ser detectado, y se prevén sanciones penales y administrativas para los responsables.

La situación resalta la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control en los centros de alta seguridad y evitar que el acceso no autorizado a tecnología contribuya a la coordinación de actividades delictivas que comprometan la integridad del sistema penitenciario nacional.

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