Puno enfrenta una crisis social alarmante, cuatro de cada diez personas viven en pobreza, según el último informe del INEI. La región registra 39.9% de pobreza, cifra superior a los niveles prepandemia, con familias sin acceso a alimentación, salud o educación digna.

El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) Ditmer Quispe señaló que, aunque hubo una leve reducción desde 2021, el avance es insuficiente. La vulnerabilidad afecta al 70% de la población, donde siete de cada diez personas están en riesgo de caer en pobreza extrema.

La informalidad laboral agrava el problema, con 65% de trabajadores sin protección social, equivalente a 350 mil personas. Agricultores, comerciantes y obreros sobreviven con ingresos inestables, sin acceso a pensiones o seguro de salud.

La falta de empleo formal frena el desarrollo económico. Sin inversión privada, no se generan puestos de trabajo estables, lo que perpetúa la pobreza. Ditmer Quispe destacó que el crecimiento económico es clave para mejorar los ingresos familiares.

El Estado tiene presupuesto para proyectos de riego y desarrollo, pero la ejecución es deficiente. Municipios no logran brindar servicios básicos, como carreteras o agua potable, lo que ahuyenta a inversionistas y limita oportunidades laborales.

La corrupción y obras paralizadas profundizan la crisis. Quispe insistió en que una gestión pública transparente aceleraría la reducción de pobreza. Sin confianza en las instituciones, las inversiones y empleos formales no llegan.

Puno requiere políticas sociales inmediatas y crecimiento sostenido. Aunque erradicar la pobreza parece lejano, una combinación de eficiencia estatal y reactivación económica podría cambiar la tendencia en los próximos años.

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