La minería ilegal en Perú no solo afecta el medio ambiente. También infiltra la política y la seguridad nacional. Así lo refleja un estudio de Ipsos realizado para el Colectivo PAS en diciembre de 2024.
Según el informe, 7 de cada 10 peruanos creen que esta actividad ilícita financiará la próxima campaña electoral. Además, el 82 % señala su influencia en el Congreso y en los Gobiernos regionales. El 81 % de encuestados asocia la minería ilegal al lavado de dinero. El 77 % la vincula al crimen organizado. El 76 % relaciona esta actividad con la trata de personas y el 75 % con el contrabando.
También hay preocupación por la seguridad. El 76 % considera que esta actividad incrementó la violencia en sus regiones. Hablan de redes de sicariato, extorsión y corrupción. Además, el 63 % teme que las mafias de mineros ilegales lleguen a controlar el país. En Lima y el oriente peruano, esta amenaza se percibe con mayor intensidad.
Minería ilegal en Perú y su brazo político
El abogado ambientalista César Ipenza alertó sobre una bancada multipartidaria en el Congreso que defiende esta actividad ilegal. Se trata de congresistas que promueven normas favorables a los mineros ilegales.
Según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), estas normas representan una estrategia de consolidación del poder de este sector. Ipenza sostiene que esta bancada tiene vínculos con el actual gobierno.
Durante el mandato de Dina Boluarte, el Ejecutivo amplió la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2025. Además, lo convirtió en un documento hereditario.
El OMI advierte que el proyecto de Ley MAPE (para pequeña minería y minería artesanal) podría perpetuar la informalidad minera. Esta norma se encuentra en fase de elaboración.
Varios mineros ilegales e informales militan en partidos políticos. Entre ellos figuran Alianza Para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú, Camino Diferente y Bicentenario La Libertad.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y militante de APP, figura entre los defensores de estos grupos. Su postura genera cuestionamientos, pero no constituye un hecho aislado.
En medio de estos vínculos, los peruanos perciben que la minería ilegal en Perú se ha convertido en un poder paralelo. Uno que compra silencios, genera impunidad y amenaza las bases democráticas.
Este fenómeno no solo se limita al Congreso. También toca regiones, partidos y autoridades.
Los recientes hechos de violencia, como la masacre de 13 personas en Pataz, La Libertad, exponen un patrón preocupante. La minería ilegal no se limita al daño ambiental.
Hoy representa una amenaza sistémica. Una que desafía la institucionalidad, la democracia y la seguridad de todos los ciudadanos.
El estudio de Ipsos refleja lo que muchos ya sienten: la minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema marginal. Ahora se proyecta como un eje de poder.