La Comisión de Constitución del Congreso ya tiene preparado un predictamen que plantea conceder amnistía a los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa implicados en delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. El documento, que aún no es público, fue obtenido y revelado por el medio especializado Congrezoo, y estaría listo para ser debatido en el Pleno.

La iniciativa excluye expresamente a quienes enfrenten cargos por terrorismo o corrupción, pero abre la puerta para favorecer a acusados por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

El texto señala que la amnistía se aplicará a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que hayan sido denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos ocurridos en ese periodo (1980-2000) en el marco de operaciones contra el terrorismo. También incluye a los integrantes de los Comités de Autodefensa, creados y promovidos por el propio Estado.

Esta norma beneficiaría a los militares procesados por casos emblemáticos como la desaparición de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) en Huancayo, la ejecución de comuneros de Paccha, también en Huancayo y otros hechos ocurridos en localidades de Ayacucho y Huancavelica, donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó graves crímenes de lesa humanidad.

Fuerza Popular, bancada que impulsa la norma, justifica el proyecto como una forma de “reconocimiento” a quienes combatieron el terrorismo.

El predictamen incluye una segunda disposición que otorga amnistía “de carácter humanitario” a adultos mayores de 80 años, sin importar el estado de su proceso judicial. Esta cláusula podría liberar de responsabilidad penal a exmilitares que hoy enfrentan juicio o sentencia por violaciones a los derechos humanos, bajo el argumento de su avanzada edad.

«Es una ley de la impunidad», dijo indignado Dennis Zanabria Ubaldo, representante de los familiares de las víctimas de los desaparecidos de la comunidad de Paccha, en el distrito de El Tambo, en Huancayo. 

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