La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal en el país generó movimientos económicos por más de US$ 2248 millones en los últimos tres años. Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación ante el Congreso de la República.

Según detalló, los reportes de la UIF identifican operaciones financieras sospechosas por un total de US$ 2804 millones entre 2022 y 2025. De ese monto, el 80 % estaría directamente relacionado con actividades de minería ilegal.

Esta cifra confirma la persistencia y magnitud de una actividad ilícita que ya había sido advertida en informes previos. Entre 2012 y 2022, la misma entidad registró 3905 reportes de operaciones sospechosas por un total de US$ 18,478 millones.

Especialistas cuestionan que monto sería mayor

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, consideró que el monto reportado podría quedarse corto, debido a la naturaleza informal y no bancarizada de la minería ilegal.

“Con relación a la cifra, no hay manera de poder validar montos al ser una actividad de naturaleza ilícita y no-bancarizada, pero todo parece indicar que la cifra real sería mucho mayor a los $2248 millones indicados. Recordemos que la minería ilegal no solo procesa minerales de oro, sino también de cobre”, afirmó.

El especialista señaló que esta actividad continúa expandiéndose en diversas regiones del país y que el impacto económico podría ser subestimado si no se considera el procesamiento de otros minerales, como el cobre.

Piden marco legal más estricto

Ortiz también planteó la necesidad de reformas legales para restringir el acceso a la actividad minera solo a quienes cuenten con derechos formales y cumplan con los requisitos ambientales y laborales.

“Es decir, de concesiones mineras o contratos de explotación, que cuenten con planes de manejo ambiental y respeten las normas laborales. De esa forma no se mantendrá el esquema actual de venta indiscriminada de explosivos, insumos químicos fiscalizados, invasión de concesiones mineras y libre comercialización de mineral ilegal”, señaló.

La falta de regulación efectiva en la cadena de producción y comercialización de minerales sigue siendo uno de los principales desafíos para el control de la minería ilegal en el país.

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