Tras su vacancia aprobada el 10 de octubre de 2025, la expresidenta Dina Boluarte enfrenta dos pedidos de impedimento de salida del país. Uno de 18 meses por presunto aprovechamiento indebido del cargo, y otro de 36 meses, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada al presunto financiamiento irregular de actividades políticas durante su gestión.

A Boluarte, también se le investiga por su responsabilidad como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, a raíz de las decenas de fallecidos y cientos de heridos que dejaron las protestas ocurridas durante su gobierno. La crisis social que marcó su mandato sigue bajo revisión fiscal y continúa generando reclamos de justicia por parte de las familias afectadas.

Actualmente, la exmandataria afronta al menos siete investigaciones fiscales por presuntos delitos que van desde lavado de activos hasta aprovechamiento indebido del cargo, lo que configura un panorama judicial complejo.

Muerte de manifestantes durante su gobierno

Una de las investigaciones más graves está relacionada con los hechos de violencia registrados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, periodo en el que murieron 49 personas y más de 1.400 resultaron heridas, muchas de ellas por impactos de bala, gases lacrimógenos o agresiones directas de agentes del Estado.
En zonas como Juliaca y otras del sur, organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales y disparos indiscriminados, hechos por los que la Fiscalía investiga a Boluarte por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves en perjuicio de los manifestantes.

Caso “Los Dinámicos del Centro”

Esta es una de las investigaciones más amplias y de mayor alcance. El Ministerio Público solicita 36 meses de impedimento de salida del país en su contra por presunto lavado de activos.
El caso apunta a una presunta red criminal en Junín que habría financiado ilegalmente las campañas de Perú Libre en 2021, con la participación de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

La investigación, iniciada en 2019, busca identificar a una organización enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín, que habría obtenido fondos ilícitos mediante el cobro de sobornos por la emisión de licencias de conducir.

Caso Rolex

El llamado caso Rolex se abrió tras revelarse que la entonces mandataria poseía relojes y joyas de alta gama que no figuraban en sus declaraciones juradas.
La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de bienes, luego de identificar al menos tres relojes Rolex y una pulsera valorizada en más de 13 mil dólares.

Boluarte aseguró que los accesorios fueron préstamos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, aunque las versiones contradictorias y los hallazgos fiscales incrementaron las sospechas sobre un posible uso indebido de su cargo y la falta de transparencia en su patrimonio.

Desbalance patrimonial

La Contraloría General de la República detectó un presunto incremento patrimonial no justificado entre 2021 y 2024, por más de S/ 630 mil. El informe de fiscalización señala que la exmandataria habría omitido declarar una cuenta bancaria y reportó un aumento considerable en sus ingresos sin sustento claro, lo que podría configurar una irregularidad en sus declaraciones juradas y fortalecer la tesis del Ministerio Público sobre un desbalance económico.

Caso “El Cofre”

Otra carpeta fiscal en curso es el caso “El Cofre”, centrado en la presunta participación de Boluarte en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ocurrida en febrero de 2024. Según la hipótesis fiscal, el vehículo presidencial habría sido utilizado para facilitar su traslado y evitar su captura, luego de que el exgobernador de Junín fuera condenado a prisión efectiva.

Más investigaciones pendientes

A estas causas se suman las pesquisas por un supuesto acuerdo con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al entonces comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, pese a las denuncias en su contra. También está bajo indagación la desactivación del equipo policial Efficcop, que apoyaba las investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte.

Estos procesos revelan un entramado de acusaciones que, más allá del ámbito judicial, cuestionan seriamente la transparencia y la forma en que se ejerció el poder durante su gestión.

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