Desde junio de 2025, los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura vienen enfrentando un problema que afecta directamente sus ingresos: la suspensión del pago de beneficios laborales establecidos por convenios colectivos suscritos entre 2022 y 2025. La medida afecta aproximadamente a 90 trabajadores, entre planilla y contratados fuera del sistema regular, quienes calculan que la deuda supera los 12,000 soles por cada trabajador.
Franklin More Espinoza, secretario general del Sindicato Garantista de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes, señaló que estos pagos son parte de los derechos reconocidos por la Ley 31188, y que su incumplimiento carece de respaldo legal.
“Desde junio de 2025, sin ninguna explicación y con solamente disposiciones verbales, se nos dejó de pagar los derechos que provienen de convenios colectivos, los cuales tienen fuerza de ley y obligan a las partes que los han suscrito. Esto afecta nuestra economía y la planificación de nuestros gastos familiares”, señaló More Espinoza.
El dirigente explicó que la actual suspensión se habría decidido en reuniones internas entre el director regional, Fernando Anthony Santa Cruz Aguilar, y la gerente de presupuesto, Diana López Sánchez, quienes habrían cuestionado la legalidad del pago. Sin embargo, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Gobierno Regional, indicó que no existe mandato judicial que justifique la suspensión.
“El jefe de Asesoría Legal estableció que no puede suspenderse un convenio colectivo mientras no exista un respaldo judicial. Esto demuestra que la medida que nos afecta no es regular”, añadió More Espinoza.
El dirigente sindical denunció además irregularidades en la asignación presupuestal dentro de la Dirección Regional de Transportes, con más de 100 locadores de servicios contratados sin funciones claras, lo que, según él, estaría afectando la estabilidad presupuestal y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
“Existen encargos y puestos de trabajo que no existen, y muchos locadores de servicio no tienen funciones, lo que pone en riesgo la ejecución correcta de los actos administrativos y afecta el interés público”, manifestó.
Frente a la situación, los trabajadores realizaron una conferencia de prensa y presentaron documentos al director regional solicitando la regularización del pago. More Espinoza hizo un llamado al gobernador regional para que intervenga y garantice que no se produzcan represalias contra los trabajadores por exigir sus derechos.
“Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos y la ley. No estamos buscando perjudicar a nadie ni a la gestión pública, solo que se cumpla lo que nos corresponde por ley”, finalizó.
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