Isidro Ccorí Quispe, un minero de 59 años, fue hallado sin vida con impactos de bala en el sector Cunca-Pujio, cerca de la planta 360 de la Central de Cooperativas Mineras de la Rinconada (CECOMIR), en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, Puno. El hecho ocurrió a las 00:30 horas del 27 de noviembre de 2025, tras el estallido de protestas en la zona minera.
Personal policial y el fiscal de Ananea descubrieron el cuerpo junto a veintidós vehículos y maquinaria pesada incendiados. La escena incluía 13 volquetes, seis cargadores, una excavadora, una camioneta Hilux y un campamento de 8 x 30 metros cuadrados, todos completamente calcinados. Las autoridades realizaron la verificación desde el exterior, sin ingresar a la propiedad privada por falta de autorización.
-
Recomendados:
- Más de 8 mil jóvenes en Ica cumplirán la mayoría de edad y votarán por primera vez en las Elecciones 2026
- Familiares denuncian corrupción en penal de Piura y exigen visita del presidente Jerí
- Ayacucho: Comerciantes de artesanías registran movimiento por Juegos Bolivarianos, pero piden mayor promoción turística
Raúl Artemio Carita, presidente de CECOMIR, denunció: «Personas ajenas habrían disparado ocasionando la muerte del minero; nuestro personal de custodia nunca usó sus armas de fuego». El dirigente lamentó el fallecimiento y solicitó resguardo policial para evitar más pérdidas económicas en los campamentos ubicados en Pampa Blanca.
Pérdidas millonarias en infraestructura
Las pérdidas materiales superan los S/ 20 millones, según estimaciones preliminares de la cooperativa minera. El siniestro afectó maquinaria y vehículos esenciales para las operaciones mineras, aunque las cifras exactas se determinarán tras una evaluación técnica. El campamento incendiado albergaba a trabajadores, sin reportarse más víctimas en el ataque.
El fiscal Ruelas Apaza, junto a efectivos de la Areincri-Juliaca, lideró las diligencias del levantamiento del cadáver. La falta de autorización para ingresar a la mina limitó la investigación forense, mientras la fiscalía y policía especializada continúan las pesquisas. Los dirigentes mineros evitaron sostener entrevistas con los medios de comunicación sobre el caso.
Las autoridades investigan el origen de la violencia que dejó un muerto y millonarias pérdidas en Ananea. La comunidad minera exige protección policial efectiva ante posibles nuevos ataques a instalaciones. El conflicto evidencia la necesidad urgente de diálogo para resolver tensiones en la zona aurífera de La Rinconada.
Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio