Ronal Fernández también advirtió un interés de usar a la Autoridad Nacional del Agua para la campaña electoral y un despojo millonario de sus recursos que debían servir para el cuidado de los recursos hídricos y el agro. Varias instituciones públicas del país han ido cayendo bajo el dominio de los partidos políticos que manejan el Congreso de la República, como fichas de dominó. La Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional (TC), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por mencionar algunas, están capturadas gracias a la coalición de Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular y otras bancadas.

Una que está en la mira es la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El ANA es una entidad que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), encargada de proteger y conservar los recursos hídricos, con 32 autoridades locales del agua y 13 autoridades administrativas. Existe un interés por controlarla por su cercanía con juntas de usuarios, agricultores y comunidades, denunció Ronal Fernández Bravo, hasta hace unas semanas director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina – Ocoña.

“Las instituciones van a ser parte de esa campaña electoral. Sobre todo, instituciones como la Autoridad Nacional del Agua”, advirtió. Fernández dimitió porque las prioridades del sector, como sacar adelante a las 1.5 millones el número de agricultores y agricultoras del país, han cambiado. El 29 de setiembre último se hizo oficial su renuncia con la resolución jefatural N°0197-2025-ANA, tras tres años de asumir la dirección de la AAA Caplina – Ocoña. Un lapso de tiempo que le ha permitido conocer bien el teje y maneje de la institución.

Manero y la realidad

Antes de ser vacada la cuestionada presidenta Dina Boluarte por el Congreso, su ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, tuvo una seguidilla de declaraciones condenables. Desde que en el Perú “no se pasa hambre”, o “si te va mal (agricultor) tienes que salir del negocio” o la famosísima “la agricultura puede esperar, un proyecto minero no”. Varios momentos de sinceridad, pero que lamentablemente es la visión que tiene un importante sector de la clase política actual y que sucede en la realidad.

El ingeniero civil reconoce que “siempre tratan de presionar para favorecer a la minería y no a las comunidades campesinas”. “El MIDAGRI se supone que debe tener políticas públicas en favor de los agricultores. No en favor de la minería. ¿Pero qué sucede? El ministro de Desarrollo Agrario declara a favor de la minería. El ministro del Ambiente declara que se destrabe las inversiones mineras. ¿Y qué significa? Reducir las vallas ambientales”, sostuvo.

“La gestión del agua es un motor del desarrollo, pero ahorita tenemos una agricultura familiar que está perdiendo tierras, recursos. Hay abandono (…). Y el ministro dice que los agricultores no deben pedir ayuda del Estado (…). Exactamente, dijo, ‘si no puedes tener tu chacra, mejor abandónala’”, añadió el exfuncionario. Manero llegó al ministerio por una cuota de poder que le otorgó el Gobierno de Boluarte al Parlamento. Desde ahí hubo una serie de acciones para tener el control total del ministerio, acusó.

Otra muestra, expuso, es el despojo de S/ 147 millones de los recursos directamente recaudados por la ANA. Fernández explicó que por ley ese montó debió destinarse para la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, el MIDAGRI se llevó ese dinero mediante la resolución jefatural N°0150-2025-ANA del 5 de agosto último. “A las juntas de usuarios les han prometido regalarle una camioneta a cada una y además darles maquinaria amarilla. Tú te puedes dar cuenta que eso es campaña electoral, regalar del Estado para que los usuarios apoyen”, sostuvo.

Pero existe un tema de fondo por el que se alejó Fernández de la ANA: la dirección que desde hace años ha tomado el MIDAGRI. Fernández dio una muestra. La principal plaga de la papa es el gorgojo de los Andes en la sierra, que hace perder el 40% de su producción a los pequeños productores. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) invirtió “casi nada” para controlarla, reclamó. “¿Cuánto crees que invirtió para enfrentar a la mosca de la fruta, un compromiso para la agroexportación? Miles de millones (…). Esas son las prioridades y eso hay que cambiar (…). La orientación es simplemente a la codicia. A aquellos que ganan más hay que darles todo, y a aquellos que son pobres y que no tienen, hay que quitarles”, subrayó.

Las agroexportadoras

Las prioridades del MIDAGRI no tienen nada que ver con la agricultura familiar, sino con la de agroexportación que la practican grandes empresas, reiteró Fernández. Un reflejo de esto es la famosa Ley Chlimper 2.0 (N°32434). La norma, aprobada por el Congreso, reduce de 29,5% a 15% del impuesto a la renta a las agroexportadoras. Un régimen tributario especial y dirigido que se aplicará desde el 2026 hasta el 2035, ahorrándole a sus bolsillos S/ 20 mil millones y que dejará de recibir el Estado. Todo con el apoyo del entonces gobierno de Boluarte y que no hay posibilidad de que se derogue ahora con José Jerí en la presidencia y Vladimir Cuno Salcedo, el nuevo ministro de Desarrollo Agrario.

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“Al final son cuatro grandes empresas las que se benefician de todo eso y ellos son los que se llevan todo el beneficio”, dijo. La reciente norma no solo abrió reducciones tributarias sino la posibilidad de vender el agua en el Perú. Fernández explicó que constitucionalmente, y así lo establece la Ley de Recursos Hídricos, el agua no es propiedad privada y no puede ser transferible. Pero en la Ley Chlimper 2.0 se dispuso que las empresas tienen la libertad “de realizar una transacción a terceros del agua reservada”.

El exfuncionario de la ANA, no dejó de mencionar al drawback que se implementa por décadas en el país. Es un mecanismo de devolución de impuestos a las empresas exportadoras no tradicionales de un porcentaje de los aranceles que pagaron por importaciones. Entre el 2015 y el 2024 se devolvieron más de S/ 8 mil millones y entre las más beneficiadas se encuentran las propias agroexportadoras.

“Entonces, cuando el ministro dice salgan del negocio, el mensaje no es para los grandes agroexportadores. Para ellos sí hay incentivos, pero para los pequeños productores agrarios no (…) El libre mercado es para todos, menos para los agricultores y sus obreros”, acusó. Para colocar un simple ejemplo, Fernández sostuvo que a un obrero agrícola se le paga entre S/ 100 a S/ 120 por día en Cotahuasi (provincia arequipeña de La Unión), Viraco, Machaguay (Castilla), o en el mismo Pedregal (Caylloma). “¿Cuánto le paga un agroexportador? 45 soles por ley.Al final es un tema de concentración de la riqueza en beneficio de unos cuantos”, remató.

El destino de Majes II

Si iniciara las operaciones Majes Siguas II, ubicado en Arequipa, se pagaría lo mismo a sus trabajadores en campo. El millonario proyecto agroindustrial está detenido desde el 2017 y no existe posibilidad de que las obras se reanuden en un mediano plazo. La concesionaria Angostura Siguas S.A. entabló un arbitraje internacional contra el Estado peruano. Para Fernández, la iniciativa agrícola está dirigida para las grandes empresas.

“El Grupo Gloria tiene más de casi 150 mil hectáreas en el país. Las tierras que irrigan con el proyecto Olmos (Lambayeque) se lo vendieron al Grupo Gloria (49%). Entonces Majes va a correr el mismo camino. Pocas empresas agroexportadoras van a comprar más”, advirtió. A Majes II se la vende como la solución a los problemas económicos de la región Arequipa. Sin embargo, “esas narrativas engañan a la gente”, afirmó Fernández.

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