En el inicio del proceso electoral hacia las Elecciones Generales 2026, la difusión de encuestas de intención de voto se ha intensificado, pero no todas merecen credibilidad. Junto a estudios técnicamente sólidos, circulan resultados improvisados que no cumplen estándares mínimos y que, lejos de informar, confunden al electorado. Casos como encuestas con porcentajes idénticos para múltiples candidatos o con nombres duplicados reflejan una práctica irresponsable que se repite en cada campaña.

74 encuestadoras con autorización del JNE, pero…

El problema no es menor si se considera que, según el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), solo 74 empresas cuentan con autorización vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para publicar encuestas electorales. De ese total, 20 operan en Lima, 11 en Tacna, 10 en Puno, 8 en Loreto, y apenas cuatro en Cusco, Ica y Lambayeque, respectivamente. En el resto de regiones hay entre una y tres encuestadoras registradas, lo que evidencia un mercado reducido y altamente regulado que, sin embargo, convive con publicaciones informales al margen de la ley.

Desde marzo, cuando se convocó oficialmente al proceso electoral, todas las encuestadoras están obligadas a cumplir el reglamento aprobado por el JNE mediante la Resolución N.° 0107-2025-JNE. Esta norma establece requisitos estrictos para la difusión de encuestas de intención de voto y simulacros de votación, tanto para las empresas como para los medios de comunicación. El incumplimiento puede derivar en sanciones, suspensión temporal o cancelación definitiva del registro.

Ojo con el estadístico de las «encuestadoras»

Uno de los puntos críticos del reglamento es la exigencia de contar con un profesional en Estadística debidamente colegiado y habilitado, responsable de validar los informes. En Lambayeque, figuran como autorizadas Global Data Consulting EIRL, Consultora Quantum Muchick SAC, Klambp EIRL y Medios y Corporación Visual SAC. No obstante, se ha detectado que el estadístico Branco Arana Cerna, vinculado a más de una de estas firmas, no se encuentra habilitado por su colegio profesional, lo que contraviene directamente el artículo 11 del reglamento.

Las inconsistencias se agravan cuando se revisan los registros cancelados o suspendidos. Vox Populi EIRL, por ejemplo, aparece con registro cancelado desde agosto de este año por no renovar su vigencia ante el JNE, aunque comparte al mismo estadístico no habilitado. A ello se suma el caso de Medios y Corporación Visual SAC, sancionada en noviembre por difundir una encuesta sin cumplir los artículos 20 al 23 del reglamento, lo que derivó en la suspensión de su registro por 30 días calendario, pese a mantener inscripción vigente.

No es un problema nuevo. La encuestadora Decide Tú SAC perdió su registro tras cometer una infracción grave durante las elecciones regionales y municipales de 2022. Estos antecedentes demuestran que las sanciones existen, pero también que algunas empresas reinciden o siguen influyendo en el debate público aun cuando su situación legal es cuestionable.

Sin ficha técnica, no vale

Para Hernán Chaparro Melo, catedrático de la PUCP y experto en estudios de opinión pública, la diferencia entre una encuesta y un simple sondeo es de fondo.

La encuesta electoral se basa en una muestra representativa seleccionada al azar, mientras que los sondeos —especialmente los digitales difundidos por redes sociales— utilizan muestras no representativas y carecen de rigor técnico. Por ello, el especialista recomienda a los ciudadanos revisar siempre la ficha técnica, la trayectoria de la encuestadora y el cumplimiento de la norma, pues sin esos elementos las encuestas dejan de ser una herramienta informativa y se convierten en un mecanismo de desinformación política.

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