El 13 de enero de 2026, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República puso fin a uno de los litigios más prolongados y complejos de Puerto Maldonado. El colegiado declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Giovana Castillo Cárdenas, con la que buscaba anular la sentencia emitida en 2020 que reconoció la prescripción adquisitiva de dominio a favor de Máximo Alejandro Gonzales Román.

Con esta resolución, la Corte Suprema confirmó que Gonzales Román era el propietario legítimo del terreno ubicado en la avenida Circunvalación con el jirón Alejandro Humboldt, un predio urbano de 3 900 metros cuadrados cuya disputa, a lo largo de los años, había escalado hasta extremos insospechados.

Los orígenes del conflicto

La historia se remonta a 1990, cuando Máximo Alejandro Gonzales Román y su esposa, Luisa Serrano Borda, iniciaron la compra del terreno, originalmente perteneciente a Martín Nishizaka. La adquisición se realizó mediante sucesivas transferencias con Abel Acosta Abano y Lila Judith Málaga Vela, apoderados del propietario. Desde entonces, la familia tomó posesión del predio y la mantuvo de manera continua durante los años siguientes. En el año 2000, la propiedad fue inscrita en Registros Públicos por mandato judicial, con una garantía prendaria asumida por Gonzales Román. La posesión se mantuvo sin interrupciones hasta que, tras 18 años, el conflicto tomó un nuevo rumbo. A fines de 2008 apareció Giovana Castillo Cárdenas, quien presentó documentos que acreditaban la compra de un terreno rural de 9 100 metros cuadrados que abarcaba toda una manzana, incluyendo el predio ocupado por la familia Gonzales Serrano. Los procesos judiciales posteriores determinaron que dichos documentos provenían de títulos falsificados desde 1998, lo que generó una duplicidad de partidas registrales.

Una negociación frustrada y el inicio de la batalla legal

Antes de recurrir a los tribunales, la familia Gonzales Serrano intentó resolver el conflicto por la vía del diálogo. Propusieron una transacción económica a Giovana Castillo, pero, según el testimonio de los esposos, la negociación se frustró tras la intervención de su hija mayor, Mayra Sulfana Mendizábal Castillo. “No, mamá, no transes nada, nos vamos a juicio”, habría dicho. Desde 2009, ambas partes iniciaron una cadena de procesos judiciales. Mientras la familia Gonzales Serrano presentó una demanda de nulidad de acto jurídico, la acción de reivindicación interpuesta por Giovana Castillo fue declarada infundada en tres instancias. En 2017, los Gonzales Serrano solicitaron la prescripción adquisitiva de dominio, la cual fue declarada fundada en julio de 2020. La sentencia quedó firme el 15 de junio de 2021, consolidando a Máximo Alejandro Gonzales Román como propietario definitivo. Giovana Castillo respondió con una demanda por cosa juzgada fraudulenta, declarada improcedente en dos instancias durante 2023. La última notificación judicial llegó el 12 de febrero de 2024. Un día después, Giovana falleció a causa de una insuficiencia respiratoria crónica. Dos semanas más tarde, el conflicto alcanzó su punto más violento.

El asesinato de Máximo Alejandro Gonzales Román

La madrugada del 27 de febrero de 2024, alrededor de las 4:30 a. m., Gonzales Román abría su tienda Eco Market, ubicada en el jirón Lambayeque 883, cuando dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron el ataque. Uno de los atacantes descendió del vehículo, cojeando levemente, y disparó cinco veces contra la víctima. Antes de huir, efectuó nuevos disparos sobre el cuerpo ya sin vida. En la escena, la Policía halló cinco casquillos y tres proyectiles percutados. El informe del médico legista concluyó que Gonzales Román murió por un traumatismo torácico abierto causado por proyectil de arma de fuego. Tenía 62 años.

Quién era Máximo Alejandro Gonzales Román

Nacido en Cusco en 1962, desde niño acompañó a su padre, escultor de piedra en Machupicchu. Vendía ponchos a turistas y recorría los caminos llevando mensajes. A los 21 años llegó a Madre de Dios junto a su esposa, Luisa Serrano, en busca de nuevas oportunidades. Trabajó en Alfa Cargo y, con el tiempo, emprendió negocios propios. A lo largo de los años construyó su patrimonio con esfuerzo, entre ellos el terreno que se convirtió en el eje de un litigio que marcaría su vida.

El perfil de Mayra Sulfana Mendizábal Castillo

Mayra Sulfana Mendizábal Castillo nació en 1990 en Mazuko. Estudió Derecho, aunque no concluyó la carrera. Desde 2011 convive con el abogado José Rafael Córdova Gástelo, quien también actuó como su apoderado legal. Registra nueve denuncias policiales por invasiones de propiedad en La Joya y terrenos de la Fuerza Aérea, así como cinco investigaciones fiscales por estafa, invasión, agresiones y homicidio. Entre 2016 y 2017, visitaba el predio en disputa y amenazaba a los ocupantes. El vigilante Alejandro Guzmán Mena declaró que ella acudía “en tono amenazante, revisando quiénes ocupaban la propiedad”. Ante estos hechos, la familia Gonzales Serrano solicitó garantías personales. Un testigo protegido señaló que Mayra brindaba “servicios de vigilantes” vinculados a invasiones de terrenos. Además, en una declaración del abogado Hugo Cahuana, incorporada en la carpeta fiscal de 2024, se consigna que Mayra le habría dicho: “Su madre había fallecido porque había recibido una mala noticia, pero esa persona que le había causado la muerte ya había pagado”, en alusión al asesinato de Gonzales Román. Actualmente, la Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata la investiga por el homicidio.

Exigencia de justicia

Luisa Serrano Borda, viuda de Gonzales Román, junto con sus hijos, exige que las autoridades identifiquen y sancionen a los autores materiales e intelectuales del crimen. Tras casi dos décadas de procesos judiciales, la familia busca cerrar un ciclo marcado por amenazas, documentos falsificados y violencia extrema. El caso Gonzales Serrano vs. Castillo expone la fragilidad de la seguridad jurídica en Madre de Dios y el modo en que los conflictos por la propiedad pueden escalar hasta quebrar vidas. La Corte Suprema cerró el litigio, pero la herida más profunda, el asesinato de un hombre que defendió su derecho durante 26 años, permanece abierta. La justicia, esta vez, enfrenta su prueba más decisiva.

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