Pese al operativo internacional anunciado con énfasis por la Embajada de Estados Unidos en Perú y la Policía Nacional, los dos jóvenes detenidos por presunta producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil quedaron en libertad tras la audiencia de prisión preventiva realizada en Huancayo.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, presidido por el juez Rafael Agustín Herrera Rivas, declaró infundado el requerimiento fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra Peter Vidal Ventocilla Chávez (24) y José Fernando Márquez García (21). En su lugar, dispuso comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica de S/ 1,000 por cada imputado.

La Fiscalía había proyectado una pena de 11 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de pornografía infantil agravada, al atribuirles la comercialización de videos de menores de entre 8 y 11 años a través de canales privados de la plataforma Telegram.

Días antes de la audiencia, la Embajada de Estados Unidos en Lima difundió un ‘Breaking News’ en el que destacaba la captura como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, agentes del Homeland Security Investigations (HSI) y la ONG Our Rescue.

Sin embargo, el jueves el juzgado resolvió que no se configuraban los presupuestos necesarios para imponer la medida más gravosa del proceso penal.

Los argumentos del juez

Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se acreditó peligro de fuga ni de obstaculización del proceso, al considerar que ambos investigados cuentan con arraigo domiciliario y laboral, contratos vigentes y una conducta procesal colaboradora.

Asimismo, el juez señaló que la prisión preventiva no resultaba idónea, necesaria ni proporcional, tomando en cuenta, entre otros factores, que los investigados presentan una enfermedad crónica debidamente acreditada ante el juzgado, cuya atención requiere tratamiento continuo y podría verse afectada por una medida de encarcelamiento preventivo.

Indicó que una medida de este tipo, en dichas condiciones, podría convertirse en una pena anticipada, contraria a los principios que rigen las medidas limitativas en el proceso penal y a estándares de derechos humanos.

Fiscalía apela

El Ministerio Público, representado por el fiscal Herik Henry Gonzales Rivera, sostuvo que existía un alto riesgo procesal debido a la gravedad del delito, la magnitud de la pena proyectada y la naturaleza de la evidencia digital.

Tras conocerse la decisión judicial, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, solicitando que el caso sea revisado por la instancia superior.

Investigación de alcance internacional

La investigación se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), remitido por autoridades estadounidenses, que alertó sobre una cuenta en redes sociales utilizada para promocionar material de abuso sexual infantil.

Un agente encubierto documentó el presunto sistema de venta de contenido ilícito mediante plataformas digitales y pagos electrónicos, información que dio lugar al allanamiento y a la detención de los investigados en Huancayo.

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