Cada año, el Perú pierde alrededor de 150 mil hectáreas de bosque amazónico, una superficie equivalente a más de 200 mil canchas de fútbol. La expansión agrícola, la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras empujan esta pérdida en un territorio donde la presencia del Estado sigue siendo limitada. En medio de este escenario crítico, y mientras el país se prepara para elegir a sus nuevas autoridades en las elecciones de 2026-2031, surge la pregunta: ¿qué lugar ocupa realmente la Amazonía en las propuestas políticas? Una revisión preliminar, que será expuesta a profundidad en este informe, muestra que, en varios planes de gobierno, el tema aparece como un capítulo breve, disperso o cargado de promesas generales, con pocas estrategias concretas para enfrentar la crisis del bosque.

Este informe analiza los cinco planes de gobierno de los partidos con mayor intención de voto en las últimas encuestas: Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Fuerza Popular (Keiko Fujimori), País para Todos (Carlos Álvarez), Ahora Nación (Alfonso López-Chau) y Alianza para el Progreso (César Acuña). El análisis revisa propuestas vinculadas a deforestación, reforestación, gobernanza del bosque, conectividad amazónica como carreteras, hidrovías o trenes y actividades extractivas asociadas al territorio. Es importante precisar que otros temas centrales, como pueblos indígenas o minería ilegal, serán abordados en informes posteriores para analizar con mayor profundidad cada dimensión del debate político.

Para contrastar las propuestas de los partidos, el análisis incorpora también las miradas de Marc Dourojeanni, uno de los especialistas más reconocidos en conservación amazónica, y Marisol García Apagüeño, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha). Ambos coinciden en un diagnóstico general preocupante, donde la Amazonía continúa siendo vista en la política peruana como una frontera económica por explotar antes que como un ecosistema complejo que requiere planificación, gobernanza y respeto por los pueblos que la habitan.

Metas ambientales en el papel

Al revisar los planes de gobierno, llaman la atención las metas porcentuales sobre deforestación y otros temas que no explican cómo se lograrían. El plan de País para Todos, del candidato Carlos Álvarez, plantea una “reducción de la deforestación de al menos 20 % respecto a la línea base de 2025”. Sin embargo, la propuesta aparece sin mayor desarrollo técnico ni instrumentos claros que permitan entender de qué manera se alcanzaría esa reducción. Esta es la única meta vinculada a bosques dentro del plan de Álvarez, no se plantean objetivos de reforestación o restauración de bosques, ni temas vinculados.

Por su parte, Ahora Nación propone reducir la tasa anual de deforestación en 40 % y restaurar 150 mil hectáreas de bosque y señala que evitará el cambio de uso del suelo por expansión agrícola no planificada. Es el único que hace mención al uso de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) como herramienta para financiar acciones de conservación y recuperación de los bosques.

Solo entre 2019 y 2023, en estas áreas se perdieron más de 600 mil hectáreas de bosque, principalmente en Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. (Foto: FCDS Perú)

Por su parte, Fuerza Popular promete “reducir en 50% la deforestación ilegal en la Amazonía”. El documento señala que esta meta se alcanzaría mediante titulación comunal, fortalecimiento de la vigilancia forestal y promoción de proyectos productivos sostenibles. También plantea un Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal, el uso de monitoreo satelital y drones, así como la creación de un Fondo Verde Amazónico para financiar alternativas económicas compatibles con la conservación.

En contraste, Renovación Popular, del candidato Rafael López Aliaga, no plantea una meta específica de reducción de la deforestación. La palabra aparece apenas una vez en todo el documento. En su lugar, el plan propone acciones con el uso de reservas o F.F.A.A. como la «reforestación de 500 mil hectáreas en forma anual hasta llegar a los 2 millones con el apoyo de reservistas” y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la tala ilegal.

El caso de Alianza para el Progreso, de César Acuña, muestra un enfoque distinto, donde la Amazonía aparece principalmente dentro de un eje territorial y económico. No hay metas de reforestación o planes contra la deforestación. La principal propuesta para esta región se articula bajo el nombre “Selva Productiva”, un proyecto que, según el plan, busca convertir la Amazonía en “un motor de bioeconomía, competitividad y sostenibilidad”, a partir de iniciativas vinculadas principalmente a infraestructura y desarrollo productivo.

Promesas ambientales sin estrategia territorial

Para el ingeniero agrónomo y forestal, con décadas de trabajo en la Amazonía, Marc Dourojeanni, este tipo de metas carece de sustento si no están acompañadas de decisiones territoriales concretas. A su juicio, los planes revisados no definen con claridad qué zonas del bosque se conservarán y cuáles podrían destinarse a actividades productivas, ni explican cómo se enfrentará el problema de la ocupación ilegal de tierras.

“No establecen una frontera entre el bosque que se va a conservar y el área que será destinada a agricultura. Tampoco dicen nada sobre la titulación de los invasores”, advierte.

Dourojeanni señala que una estrategia viable podría partir de reconocer la situación actual de muchas áreas ya deforestadas y ordenar su uso, mientras se garantiza la protección del bosque que aún permanece en pie. En sus palabras, se trataría de regularizar la tenencia en zonas ya degradadas, al mismo tiempo que se establecen garantías para que una parte importante del bosque remanente sea preservada de forma permanente.

Según el especialista, sin ese tipo de definiciones, que combinen ordenamiento territorial, seguridad jurídica y conservación, las metas porcentuales sobre reducción de deforestación corren el riesgo de quedarse en declaraciones sin un camino visible para cumplirse.

Más carreteras y nuevos lotes petroleros

Otro elemento a analizar en los planes de gobierno es la expansión de infraestructura o carreteras en la Amazonía. Renovación Popular propone ampliar la Red Vial Nacional. Alianza para el Progreso propone impulsar el Corredor Amazonas Norte Perú–Brasil, que conectaría puertos como Chancay y Paita con Yurimaguas y Manaos. Fuerza Popular también apuesta por una mayor conectividad amazónica mediante hidrovías, carreteras y trenes, incluyendo corredores que conectarían Paita con Manaos y el eje Acre-Pucallpa-Lima.

Para Dourojeanni, el problema es que estas propuestas suelen presentarse sin criterios de ordenamiento territorial ni salvaguardas ambientales claras. Antes que abrir nuevas vías en bosques primarios, la prioridad debería centrarse en mejorar la conectividad en territorios ya intervenidos.

“Lo que debería hacerse es mejorar el sistema vial en las áreas ya antropizadas o deforestadas, donde viven agricultores que necesitan acceso a mercados y servicios. Pero no construir más carreteras atravesando bosques naturales”, advierte.

La experiencia histórica en la Amazonía muestra que, cuando se abren carreteras en zonas de bosque primario sin planificación ni control estatal, suelen desencadenarse procesos de colonización desordenada, expansión agrícola, tala ilegal y tráfico de tierras. Estos impactos, además, han sido denunciados durante años por pueblos indígenas y organizaciones locales, que advierten sobre los efectos de la infraestructura mal planificada en sus territorios.

La visión extractiva también aparece en los apartados energéticos de varios planes. Fuerza Popular propone fomentar la exploración y explotación de nuevos lotes petroleros en la Amazonía y APP habla de un «apoyo decidido al nuevo boom petrolero”. APP también plantea «la extinción de Perupetro», mientras Renovación Popular plantea la venta o liquidación de Petroperú, lo que podría reconfigurar el papel del Estado en el sector energético.

«Los proyectos priorizan el extractivismo, no a las comunidades»

En conversación con Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa de la región San Martín, el problema de fondo es que muchas propuestas sobre la Amazonía continúan elaborándose sin escuchar a quienes habitan el territorio.

Según explica, la preocupación en las comunidades también está marcada por la inestabilidad política y por una agenda legislativa que, a su juicio, favorece cada vez más actividades extractivas en la región. “Nos preocupa la inestabilidad política del país, pero también que cada vez más proyectos de ley estén enfocados en impulsar el extractivismo en la cuenca amazónica. Los gobiernos están tratando de sobreexplotar la Amazonía sin reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas que viven allí. Un ejemplo claro es la falta de titulación de nuestros territorios”, señala.

La dirigente añade que el discurso de desarrollo suele centrarse en grandes proyectos de infraestructura o explotación de recursos, mientras las necesidades básicas de las comunidades continúan relegadas.

“Se habla de construir carreteras, ferrocarriles y grandes proyectos, pero no pensando en nosotros, sino en conectar los mercados del extractivismo”, afirma.

Marc Dourojeanni y Marisol García Apagüeño. (Composición: Inforegión)

Asimismo, resalta uno de los vacíos más evidentes en los planes de gobierno: la consulta previa. Una revisión rápida de los documentos muestra que ninguno de los cinco planes analizados menciona este mecanismo, pese a tratarse de un derecho reconocido para los pueblos indígenas frente a decisiones o proyectos que puedan afectar sus territorios. La lideresa también advierte sobre otro tema ausente en las cinco propuestas: la situación de los defensores ambientales, muchos de ellos líderes indígenas que enfrentan amenazas y violencia por proteger el bosque.

“No hay financiamiento ni apoyo para los defensores que están siendo criminalizados o asesinados por proteger el bosque”.

Reformas institucionales

En el plano institucional, dos planes mencionan reformas al sistema ambiental, sin mayor desarrollo sobre las razones, alcances o mecanismos concretos que justificarían esos cambios. Renovación Popular propone reformar y dinamizar el OEFA y el SERFOR. Alianza para el Progreso plantea una transformación más radical, una «reingeniería del Sistema Nacional de Gestión Ambiental», donde el SENACE absorbería instituciones como ANA, SERFOR y SERNANP, concentrando la certificación ambiental en una sola entidad.

¿Un futuro verde o un bosque en retroceso?

El análisis de estos cinco planes de gobierno muestra que la Amazonía sigue ocupando un lugar periférico en el debate político nacional. Los documentos hablan de metas, conectividad e inversión, pero rara vez presentan una estrategia integral para proteger los bosques y ordenar el territorio. Para Marisol García Apagüeño, esa distancia entre discurso político y realidad se siente todos los días en las comunidades amazónicas.

“En la Amazonía seguimos sin agua, sin luz, con escuelas que se caen. Pero de nuestros territorios salen el petróleo, el gas y el oro”.

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