La Comisión de Energía y Minas del Congreso —que está a pocas semanas de cerrar su periodo— aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y altera reglas que durante décadas han definido la estabilidad jurídica del sector.

La aprobación fue impulsada por Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, en plena campana electoral. Cutipa aceleró el trámite agrupando nueve proyectos de ley que proponían cambios en el sistema de concesiones.

El dictamen recoge propuestas cercanas al plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP), partido que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, uno de los políticos que ha defendido públicamente a los mineros informales. En el plan el JP se plantea establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería y la minería artesanal, mediante la organización de los trabajadores en cooperativas.

Bajo ese modelo, las concesiones extinguidas pasarían al control del Estado para ser entregadas a pequeños mineros asociados. Sánchez también propone reducir el plazo de caducidad de las concesiones, que actualmente puede extenderse hasta 30 años, a periodos de cuatro o cinco años.

Según esa propuesta, no deberían existir concesiones ociosas. Aquellas que permanezcan sin actividad podrían ser reasignadas a mineros artesanales organizados en cooperativas.

El dictamen, sin embargo, no responde a una sola bancada. También incorpora iniciativas presentadas por congresistas de distintas agrupaciones políticas. Entre ellos figuran Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edwin Martínez (no agrupado), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Los cambios al régimen minero

El texto sustitutorio propone obligar a las empresas mineras a firmar acuerdos de participación en beneficios con las comunidades del área de influencia directa. Estos acuerdos podrían incluir aportes a fondos comunales, programas de empleo o incluso participación en instrumentos financieros vinculados al proyecto minero.

El cambio ha abierto un debate jurídico. Diversos especialistas advierten que, en la práctica, podría obligar a las empresas a transferir parte de su patrimonio sin indemnización, lo que podría configurar una forma de expropiación indirecta.

Otra modificación elimina el carácter irrevocable de las concesiones mineras. Hasta ahora, una concesión solo podía revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas establecidas por ley. Con el nuevo dictamen, la autoridad administrativa podría revocar concesiones de manera discrecional.

La propuesta también eleva hasta en 300 % el derecho de vigencia de las concesiones y aumenta en 400 % las penalidades por no acreditar producción o inversión mínima. Al mismo tiempo reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción.

Especialistas del sector advierten que esa reducción desconoce la complejidad del desarrollo de un proyecto minero, un proceso que puede tardar entre 25 y 45 años desde la exploración hasta la producción. Solo la etapa exploratoria puede extenderse más de 18 años.

El dictamen también obliga a presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde las primeras fases de exploración, cuando todavía no existen certezas geológicas suficientes para proyectar inversiones con precisión.

Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, cuestionó un presunto direccionamiento de la agenda por parte de la bancada de Juntos por el Perú, lo que generó momentos de tensión durante la sesión.

“Actuar al margen de la ley no es emprender. Los mineros ilegales contaminan, evaden impuestos, precarizan el trabajo y amparan la trata de personas. Este absurdo dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos”, afirmó.

Además, el Congreso pretende aplicar retroactivamente nuevos costos a concesiones ya otorgadas, lo que podría entrar en conflicto con el principio constitucional de irretroactividad de la ley.

La expansión de la minería informal e ilegal

Mientras el Congreso discute medidas que endurecen las condiciones para la minería formal, la minería ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones del país. Diversos estudios muestran que esta economía ilegal mueve miles de millones de dólares al año y ya supera en volumen a otras actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas.

Al mismo tiempo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido ampliado en varias ocasiones y aún no se aprueba una nueva Ley MAPE. Creado en 2016, el Reinfo acumula miles de inscritos, pero apenas unos 2.000 mineros han logrado formalizarse, lo que representa alrededor del 2,6 % del total.

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas deberá pasar ahora al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación. Si prospera, marcará uno de los cambios más importante al régimen de concesiones mineras en décadas, en un contexto político donde la minería informal y la minería ilegal han ganado cada vez más influencia en el debate público y en la agenda legislativa.