El reciente acuerdo entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) para fijar el pasaje en S/1.30 ha abierto cuestionamientos sobre quién ha definido la tarifa final del servicio.

Semanas antes, varias unidades del SIT elevaron el pasaje urbano hasta S/1.50 de manera unilateral, pese a que la tarifa oficial se mantenía en S/1.00. Esta situación generó reclamos de la ciudadanía, quienes denunciaron cobros indebidos en distintas rutas de la ciudad.

Ante estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez por los presuntos delitos de omisión de funciones y especulación. La hipótesis fiscal sostiene que la autoridad no habría actuado de forma diligente para impedir o controlar el incremento arbitrario del pasaje, el cual se habría repetido en distintos días sin intervención efectiva de la comuna.

La medida también alcanza a la empresa operadora «EMARSISTRAN», que cubre la ruta hacia Socabaya, por su presunta participación en el incremento unilateral del precio del pasaje, lo que podría configurar un delito contra el orden económico.

Posteriormente, la comuna provincial estableció un nuevo pasaje de S/ 1.30 tras un acuerdo con los transportistas. Según la autoridad edil, este monto se sustenta en informes legales y en contratos de concesión firmados en gestiones anteriores, los cuales contemplan mecanismos de actualización tarifaria.

Presuntas irregularidades en alza del pasaje

La investigación fiscal se inició tras la denuncia de una usuaria. Ella reportó el cobro de S/1.50 en una unidad de transporte que cubría la ruta hacia Socabaya. El hecho ocurrió cuando la tarifa oficial aún no había sido modificada.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó a la Gerencia de Transporte de la MPA un informe detallado. El objetivo es verificar si existía algún sustento legal que permitiera el aumento del pasaje antes del acuerdo oficial.

Además, se dispusieron otras acciones. Entre ellas, la inspección del lugar donde ocurrió el incidente y la recopilación de información sobre la unidad involucrada. El caso podría ser derivado a una fiscalía especializada para evaluar posibles responsabilidades adicionales.

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