El 9 de abril, este medio informó que la fiscal Medilbertha Tupia Curi, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal, investiga desde inicios de año al mayor PNP Ronald Chávez Rodríguez, jefe del GRECC (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado), sindicado de haber presionado a policías cuando estaba a cargo de la Seincri Huancayo, presuntamente para favorecer a una falsa abogada conocida como ‘la doctora’.

La Fiscalía ya ha iniciado diversas diligencias, entre ellas el requerimiento de información a Inspectoría, al Colegio de Abogados de Junín y a la comisaría de Huancayo. La investigación comenzó el 23 de enero y tiene un plazo de seis meses.

‘Policías fantasmas’

Sin embargo, nuevos documentos revelan un hecho aún más delicado. En el sótano de la misma Divincri, en la urbanización Millotingo, en El Tambo, bajo la supervisión del jefe del complejo policial, se habría evidenciado un sistema irregular. En el área de Requisitorias existirían ‘policías fantasmas’, es decir, agentes que cobran por brindar protección, pero en la práctica no lo realizan. Esta situación habría permitido que una testigo protegida de 18 años cometiera un robo sin ningún tipo de vigilancia efectiva.

El 9 de marzo de 2026, una joven, a quien llamaremos ‘Ana’, declaró ante el Área de Investigación Criminal (Areincri) de Millotingo que participó en el robo a Jorge Flores Bendezú (28). Según su testimonio, lo ‘pepeó’ con clonazepam mezclado con alcohol, le sustrajo un iPhone, 400 soles y otros objetos, y posteriormente vendió el celular en el pasaje Andaluz.

Testigo protegido

Lo más grave no es solo el delito. La joven formaba parte del programa de protección de testigos por un caso de violación y ella misma reconoció que su custodia era prácticamente inexistente.

«Mi custodio es una mujer policía, no la veo desde el día viernes de la semana pasada y los días anteriores solo me llama por teléfono o, en casos eventuales, viene a mi casa», declaró.

Mientras planificaba y ejecutaba el robo junto a su pareja, un hombre que acababa de salir de prisión, nadie la vigilaba.

Fuentes consultadas señalan que la suboficial encargada de su custodia sería Katherine Jamjachi Aliaga. Pese a ello, no habría recibido sanción alguna y continuaría en su puesto. En contraste, otra suboficial del grupo Areincri fue enviada al depósito de Incho.

Represalias

El caso probablemente habría pasado desapercibido si no fuera porque, a nivel interno, hubo el intento de ocultarlo. Según un agente de Inteligencia, cuando un equipo de Areincri detuvo a la joven y descubrió que su custodia existía solo en el papel, el mayor PNP Tony Marín Ríos, jefe de Requisitorias, acudió personalmente a increparles a gritos e imponiendo su jerarquía.

Al día siguiente, el jefe de la Divincri, coronel PNP Ángel Leo Mendoza, habría ordenado cambios de personal y desarticulado el equipo que detectó la irregularidad. En lugar de investigarse lo ocurrido, se terminó sancionando a quienes lo expusieron.

Este problema no sería reciente. Desde el año pasado ya existían denuncias sobre ‘policías fantasmas’ en Requisitorias, agentes que cobraban sin realizar labores efectivas, dejando desprotegidas a personas vulnerables, mientras en los registros figuraba que sí contaban con custodia. Según testimonios, algunos solo acudían a la oficina, recogían su arma y regresaban a sus casas. Para muestra, un botón.

¿Aló, Inspectoría?

A pesar de estas alertas, en 2026 el mayor Marín fue ratificado en su cargo. De acuerdo con la resolución de Asignación de Cargos Oficiales, incluso debía ser trasladado a Huánuco, lo cual no se concretó. Las consecuencias se evidenciaron el 9 de marzo, cuando la testigo protegida pudo desplazarse libremente, cometer un robo y vender lo sustraído sin ningún control. Corresponde a la Inspectoría de la Policía investigar estas presuntas faltas graves que comprometen a la Divincri Huancayo.

En síntesis, dentro del mismo complejo policial se configuran dos situaciones graves. Por un lado, el caso del mayor Chávez y la presunta red para favorecer a una falsa abogada. Por otro, el funcionamiento irregular del área de Requisitorias, donde existirían custodias ficticias. Ambos casos coinciden en el mismo entorno institucional, bajo las mismas autoridades y, según las denuncias, con una respuesta que castiga a quienes intentan revelar los hechos en lugar de investigarlos a fondo.

Las irregularidades continúan. En la tercera parte de este informe, se conocerán nuevos elementos clave.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE