El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un agente penitenciario y dos internos del penal de Juliaca, investigados por el presunto delito de tortura agravada con subsecuente muerte. El caso se remonta al fallecimiento del interno Flavio Mamani Apaza, ocurrido el pasado 14 de marzo en circunstancias que hoy son materia de una investigación penal por graves vulneraciones a los derechos humanos.
La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público, que sostiene como hipótesis que el crimen se habría producido en el contexto de una falla deliberada en los protocolos de seguridad dentro del establecimiento penitenciario.
Presunta omisión y abuso de funciones
Entre los investigados figura el agente penitenciario Óscar Pineda, quien se desempeñaba como jefe de pabellón. Según la tesis fiscal, el funcionario habría abusado de su posición al permitir el ingreso de dos internos a una celda de aislamiento, donde se encontraba la víctima.
De acuerdo con las diligencias preliminares, esta presunta omisión de funciones habría facilitado que los internos César Rosales y Niurman Calzadilla agredieran físicamente al agraviado, provocándole la muerte. La Fiscalía sostiene que la falta de intervención oportuna fue determinante en el desenlace fatal.
Cuestionamientos al sistema penitenciario
El caso ha encendido las alarmas sobre las condiciones de vigilancia y control en el penal de Juliaca, así como sobre la capacidad del sistema penitenciario para prevenir hechos de violencia extrema al interior de sus instalaciones.
Especialistas advierten que este tipo de fallas no solo comprometen la responsabilidad individual de los involucrados, sino también la eficacia de los protocolos institucionales diseñados para resguardar la integridad de las personas privadas de libertad.
Protestas y controversia
En paralelo al avance de la investigación, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron una protesta en los exteriores de la Fiscalía, exigiendo la liberación del agente penitenciario. Los manifestantes sostienen que no existirían elementos suficientes que acrediten su responsabilidad en el hecho.
La decisión judicial, sin embargo, responde a la existencia de indicios razonables y al riesgo de obstaculización del proceso, en una investigación que aún se encuentra en etapa preliminar.
Proceso en curso
Mientras continúan las diligencias, el Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del interno y determinar el grado de participación de cada uno de los investigados.
El caso se perfila como un precedente relevante en materia de responsabilidad penal dentro del sistema penitenciario, en un contexto donde la garantía de derechos fundamentales sigue siendo un desafío pendiente en los centros de reclusión del país.
Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo