El contralor general César Aguilar Surichaqui reveló en Jauja que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ignoró más de 500 alertas preventivas antes de la crisis electoral actual al subsanar únicamente 94 de las más de 600 observaciones que su institución detectó desde el año pasado.

Debido a la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría ya trasladó los expedientes con irregularidades al Ministerio Público para las investigaciones penales correspondientes y rechazó las críticas sobre una supuesta reacción tardía. Aguilar aseguró que la Contraloría vigila el proceso desde el año pasado con los diversos servicios de control concurrente que aplica, los que incluyeron la supervisión de la distribución del material electoral antes de los comicios del 12 de abril.

A pesar de las advertencias previas, el funcionario calificó de lamentable que la entidad sea cuestionada en un segundo proceso electoral consecutivo al existir fallas que resultan obvias y adelantó que los informes finales que definirán responsabilidades administrativas, civiles o penales, serán publicados en la quincena de mayo.

Jauja: hospital sin tomógrafo y equipos obsoletos

En Jauja, el contralor Aguilar recorrió el hospital Domingo Olavegoya y calificó de inadmisible que lleve seis años sin un tomógrafo operativo, situación que afecta directamente la calidad de atención a los pacientes.

En la inspección al área de imágenes, encontró maquinaria con más de diez años de uso que ya no ofrece resultados confiables, además de la ausencia de expedientes técnicos y documentación que sustente el estado o mantenimiento de los equipos en varias áreas, lo que llevó a Aguilar a cuestionar el gasto en mantenimiento de equipos inservibles y a preguntarse: “¿Qué calidad le estoy dando al paciente?”.

Este operativo forma parte de una intervención nacional y, en la región Junín, incluye provincias como Huancayo, Tarma, Junín y Concepción. En Jauja también supervisó el terminal terrestre para verificar si las autoridades levantaron observaciones detectadas el año pasado.

El contralor indicó que la recopilación inicial de información tomará unos 10 días hábiles y que, de detectarse responsabilidades, se iniciarán servicios de control posterior que pueden extenderse entre 45 y 90 días, dependiendo de la complejidad de cada caso.

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