Cinco civiles muertos, dos heridos y ocho militares detenidos no son un “incidente operativo”. Es una señal de alarma sobre el tipo de Estado que el Perú sigue tolerando en el VRAEM. Lo ocurrido en Colcabamba, Tayacaja, empezó con una versión oficial de enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico, difundida por el Comando Operacional del Este. Horas después, la realidad los desmintió esa versión comenzó a resquebrajarse: las pericias preliminares y la investigación fiscal llevaron a la detención de ocho miembros del Ejército, mientras crecía la sospecha de un posible uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados. En el Perú actual, existe una facilidad con que una versión oficial apresurada intenta instalarse antes de que hablen las pruebas. La campaña de 2026 ha estado marcada por propuestas y cierres de campaña centrados en seguridad dura, incluso con candidatos que han hecho de la confrontación y la promesa punitiva su principal bandera. El VRAEM sigue siendo tratado como un territorio donde la excepcionalidad se vuelve costumbre. Allí parece permitirse lo que en otras partes del país sería escándalo inmediato: primero se dispara, luego se explica y recién después se investiga. Esa lógica no solo compromete a los responsables directos; también desnuda una forma de mirar a la población, como si sus derechos pudieran quedar suspendidos por vivir en un corredor asociado al narcotráfico, la violencia armada o la economía ilegal o por lo menos es el relato generalizado que parece tener el ejército: recordemos el discurso que también se teje sobre lo ocurrido en los primeros meses de asunción de Dina Boluarte al cargo de presidente. Que el VRAEM tenga una historia compleja y una alta presión criminal no autoriza al Estado a degradar su obligación de distinguir, verificar y proteger. Por eso este caso no debe agotarse en la responsabilidad penal o administrativa de una patrulla. Obliga a discutir el modelo. Un Estado democrático no puede operar bajo la premisa de que en ciertos territorios la sospecha basta para convertir una intervención en sentencia. Menos aún en un momento político donde la inseguridad se usa como combustible electoral y la polarización debilita la prudencia institucional. El VRAEM necesita presencia estatal, sí, pero no cualquier presencia: necesita inteligencia seria, justicia efectiva, control civil, protocolos auditables y una política pública que no reduzca a sus ciudadanos a posibles blancos. Si el Perú quiere hablar en serio de seguridad, debe empezar por una regla elemental: ninguna zona del país puede convertirse en excepción moral. Cuando eso ocurre, no solo mueren personas; también se degrada la legitimidad del Estado y se normaliza la idea de que hay peruanos a quienes se les puede disparar primero y escuchar después.

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