Los ciudadanos exigen hoy mayor acceso a la información pública para vigilar el correcto uso de los recursos económicos en todo el territorio nacional y enfrentar la corrupción; en ese sentido, los resultados de un reciente estudio de la iniciativa Saber para Crecer confirman la urgencia de implementar una real transparencia en proyectos de inversión.

Esta medición expone que nueve de cada diez peruanos confían en el acceso a los datos públicos como herramienta para frenar los actos delictivos. Por consiguiente, la población demanda canales eficientes de rendición de cuentas para vigilar los diversos contratos que las corporaciones celebran con el Estado peruano.

El panorama nacional de integridad pública muestra un retroceso grave según los reportes oficiales emitidos por los organismos internacionales especializados en la materia. El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año veinticinco ubicó al país en el puesto ciento treinta de ciento ochenta y dos.

La nación andina obtuvo escasos treinta puntos sobre cien posibles evidenciando uno de los niveles de integridad ciudadana más bajos registrados históricamente. Debido a este escenario adverso los pobladores exigen reformas institucionales urgentes para fiscalizar las actividades comerciales de las grandes empresas privadas.

Saber para crecer detecta una exigencia ciudadana de transparencia para enfrentar la corrupción

El respaldo hacia el sector privado convive directamente con una fuerte sospecha sobre las conductas éticas de los consorcios que operan localmente. El estudio revela que más del ochenta por ciento de encuestados teme que las corporaciones recurran frecuentemente a sobornos para ganar licitaciones.

Sin embargo el ochenta y cinco por ciento de la población reconoce que las inyecciones de capital generan empleo en minería e infraestructura. Por esta razón los habitantes consideran indispensable la publicación de reportes ambientales detallados y los contratos íntegros firmados por las autoridades estatales.

Las comunidades necesitan estos mecanismos de control para exigir responsabilidades claras ante posibles impactos negativos de carácter social o ambiental en sus regiones. Asimismo los ciudadanos exigen conocer el destino final de los impuestos y las regalías mineras que las compañías transfieren al Gobierno central.

El acceso oportuno a estos documentos fiscales disminuye los conflictos sociales y promueve una convivencia pacífica entre los inversionistas y las poblaciones vulnerables. Los resultados demuestran que la honestidad institucional construye la legitimidad social indispensable para asegurar el desarrollo económico sostenible de nuestra patria.