El distrito de Megantoni, provincia de la Convención, departamento de Cusco, enfrenta serias dificultades técnicas para ejecutar los millonarios recursos económicos obtenidos por la explotación de sus recursos naturales. El docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Carlos Alejandro Dávila Núñez afirmó que los problemas estructurales impiden una correcta gestión del canon gasífero en la zona sur peruana.

Según el especialista, la precariedad laboral ahuyenta a los mejores cuadros técnicos. Por consiguiente los ingenieros contratados abandonan sus puestos debido a las pésimas condiciones logísticas que soportan diariamente durante sus jornadas de trabajo.

Los trabajadores estatales sufren la carencia absoluta de hostales dignos o servicios básicos de alimentación dentro de las comunidades nativas locales. Algunos especialistas duermen hacinados en las aulas escolares de la zona ante la total indiferencia de sus respectivas autoridades municipales provinciales. Por lo tanto los técnicos viajan hasta seis horas diarias hacia el sector de Ivochote para encontrar hospedajes mínimamente decentes por las noches. Esta alarmante desatención logística paraliza el avance físico de los proyectos públicos destinados a cerrar las brechas sociales de la población.

Fallas estructurales afectan la buena gestión del canon gasífero en Megantoni

La propia estructura del Estado genera incentivos perversos que impiden la eficiencia administrativa y el desarrollo económico regional de manera alarmante. El economista Dávila Núñez advirtió que los funcionarios realizan mal sus labores cotidianas sin recibir sanciones administrativas ni consecuencias penales reales.

Asimismo los malos elementos del aparato estatal coordinan perjudiciales pactos políticos para ocultar los millonarios sobrecostos en las obras públicas sectoriales. Por esta razón el catedrático universitario considera urgente activar mecanismos drásticos de control institucional frente a los recurrentes delitos de corrupción.

Los aproximadamente ocho mil habitantes de Camisea y Megantoni deben fiscalizar constantemente el uso del dinero público asignado a sus pueblos. Además el Gobierno central necesita promover inversiones privadas urgentes en restaurantes modernos, hoteles seguros y centros de salud totalmente equipados para los trabajadores.

La ausencia de incentivos fiscales adecuados limita la consolidación de una oferta comercial básica destinada a sostener la demanda laboral existente hoy. Los profesionales calificados rechazan permanecer en el distrito impidiendo así la transformación real de los recursos provenientes de las actividades extractivas.