Una comunidad y varios sitios protegidos son invadidos por cientos de mineros que operan dentro de ellos o en sus zonas de amortiguamiento. El Estado desprotege estas áreas y comunidades, mientras el Congreso impulsa normas que favorecerían la expansión de la ilegalidad.

La comunidad originaria de Huallpamayo, en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas (Cusco), denunció contaminación ambiental y abusos de la Planta de Beneficio “Yolita”. Esta se instaló en tierras de propiedad ancestral sin autorización de la comunidad y sin permisos estatales, según una investigación de CooperAcción.

El representante de la Asociación de Productores Agropecuarios y Afines de Huallpamayo, José Raúl Casquina Huachaca, denunció a la empresa ante el Ministerio Público que, el 4 de enero de 2024, abrió una investigación preliminar por el presunto delito de minería ilegal agravada Yuri Edmundo Martínez Mejía, titular minero, y sus socios.

Según la disposición fiscal, en la planta se realizan actividades de procesamiento de minerales sin autorización estatal. Se detectó el uso de chancadoras, campamentos de trabajadores y bombas para extraer agua del río Huallpamayo Huaycco. Según la investigación de CooperAcción, estas operaciones habrían generado contaminación con mercurio, ácido sulfúrico y otros residuos peligrosos que terminan en el río y en terrenos agrícolas.

En octubre de 2024, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional del Cusco paralizó en forma temporal la Planta de Beneficio “Yolita” por incumplimientos ambientales relacionados con el manejo de residuos y posibles afectaciones a fuentes hídricas. Pero después de un año, la entidad levantó la medida, pese a que persistían observaciones técnicas sobre el cumplimiento de obligaciones ambientales.

Áreas naturales desprotegidas

Este hecho se parece a lo que ocurren en varias áreas naturales protegidas o reservas que están siendo invadidas por oleadas de mineros. Según el último estudio de Conservación Amazónica (ACCA), unos mil mineros ilegales están destruyendo la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios. Solo entre 2025 y los primeros meses de 2026 desaparecieron más de 500 hectáreas de bosques amazónicos en esta reserva.

Una comunidad campesina de Cusco y varias áreas naturales de Perú impactadas por la minería ilegal

El daño es tremendo si se considera que, en una hectárea de bosque amazónico denso, pueden crecer entre 400 y 700 árboles. En esas 500 hectáreas habrían desaparecido alrededor de 350 mil árboles en poco más de un año. De acuerdo con las imágenes satelitales de ACCA, decenas de campamentos, infraestructura minera y maquinaria pesada ocupan esta área natural protegida que el Estado no protege.

Las imágenes satelitales de ACCA muestran decenas de campamentos, infraestructura minera y maquinaria pesada ocupando esta área natural protegida que el Estado no protege. “Es especialmente preocupante», explicó Sidney Novoa, director de tecnologías para la conservación de ACCA, «que una parte importante del avance de la minería ilegal se esté registrando dentro de la reserva y en zonas cercanas a puestos de control”.

A poca distancia de Tambopata, entre Puno y Madre de Dios, los mineros ilegales destruyen el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Cerca de 500 hectáreas fueron deforestadas dentro y alrededor del área protegida, muy cerca del río Inambari y la comunidad de Kotsimba. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno identificó hasta 18 puntos de minería ilegal que colindan con la zona de amortiguamiento del parque. Estas actividades continúan expandiéndose sin control hacia sectores sensibles. El uso de mercurio destruye el hábitat de peces y taricayas y obliga a migrar al lobo de río.

En Quebrada Honda y Cajavilca (Áncash), contaminan cabeceras de cuenca y aceleran el retroceso glaciar en el Parque Nacional Huascarán, así como amenazan glaciares, lagunas, pastizales, matorrales, bofedales, zorros andinos, pumas y venados. En este parque, los mineros también avanzan hacia zonas altoandinas de Recuay y Pallasca. Según OjoPúblico, entre 2016 y 2020, el Ministerio Público destruyó en Quebrada Honda campamentos, equipos, herramientas y minerales de 23 minas ilegales.

Líneas de Nasca y el Huascarán

En Cajamarca, esta minería pone en peligro la diversidad del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, porque contamina ríos con metales pesados, deforesta cabeceras de cuenca y degrada un ecosistema de páramo y bosque de neblina, hábitat del tapir de montaña, una especie en peligro. Hay impacto en el río Samaniego y en la quebrada Machete, frontera con Piura, donde se destruye el “colchón” hídrico del páramo por la presencia de mercurio y sedimentos que comprometen la calidad del agua para consumo humano y riego en los distritos de Tabaconas y San Ignacio.

Pasa lo mismo con la Reserva Nacional de San Fernando, en Marcona, Nasca (Ica), donde el incremento de la minería informal afecta la fauna marina. San Fernando es el hogar de especies tan emblemáticas y frágiles, como el pingüino de Humboldt. En marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ica destruyó ocho campamentos rústicos y un socavón vinculado a la minería ilegal en el sector sur del cerro Huaricangana, dentro de la reserva nacional.

La minería ilegal también avanza sobre el área protegida de las Líneas de Nasca y destruye geoglifos, acueductos y zonas arqueológicas que sobrevivieron más de dos mil años. En Tulín instalaron una planta minera cerca de un geoglifo trapezoidal, mientras que, en Quemazón, Socos y Los Paredones se registran detonaciones con dinamita, apertura de zanjas y perforaciones profundas. Leonardo Fabio Rojas Escajadillo, conocido como el Caminante del desierto, denuncia que el Estado no protege el patrimonio y solo reacciona cuando el daño ya es irreversible.

En Puno, la zona de amortiguamiento del lago Titicaca está siendo invadida por mineros ilegales. Reportes del Sernanp advierten la expansión de esta actividad ilícita desde hace más de una década, que amenaza especies como la rana gigante y aves acuáticas andinas, así como extensas hectáreas de totorales. Según especialistas y organismos ambientales, si no hay una respuesta estatal efectiva, el daño será irreversible.

La Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi es otra área natural ubicada en Arequipa que está en permanente riesgo. Inclusive en años anteriores se hicieron labores de interdicción y se destruyó maquinaria y equipos empleados por la minería ilegal.

Efectos de las leyes pro crimen

Para el abogado especialista en temas ambientales y miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), César Ipenza, varias leyes aprobadas por el actual Congreso facilitaron el avance de esta minería. Se trata de los cambios a la ley contra el crimen organizado, la flexibilización de la extinción de dominio y la eliminación de normas que permitían a la Policía incautar explosivos. Sobre el Reinfo, Ipenza dijo que sirve para encubrir la  minería ilegal y señaló al Congreso y al Tribunal Constitucional de permitir esta impunidad.

El especialista explicó que el auge de la minería ilegal en zonas protegidas obedece a la reducción del presupuesto para la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y al debilitamiento del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. “Si no hay esta capacidad de los operadores y actores de la interdicción, difícilmente podrán operar en estas zonas”.

Consideró que también existe, todavía, una visión equivocada sobre la importancia de las áreas naturales protegidas y que tampoco hay conciencia de que la protección de estos espacios está garantizada por la Constitución.

En medio del avance de esta actividad ilícita, el Congreso busca aprobar una norma (Proyecto de Ley 3377) para autorizar o facilitar concesiones mineras en Madre de Dios, formalizando mineros con REINFO que actualmente operan sin permiso. Eso solo alentará la expansión descontrolada de los buscadores de oro en la Amazonía.