Hace seis meses, exactamente el 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía concluyó la investigación preparatoria contra tres mandos policiales por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Pichanaqui. Sin embargo, el caso aún no cuenta con una acusación formal y no puede avanzar hacia la etapa previa al juicio oral.

Con la disposición N.° 62, el fiscal del caso, José Luis Nolasco Zavala, dio por concluida la investigación preparatoria contra el general PNP (r) Martín Villalón Trillo, el coronel César Chávez Navarro y el comandante Jonny Vargas Ontón, por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de ciudadanos que participaron en las protestas de diciembre de 2022 en Pichanaqui.

Tras cerrar la investigación, el Ministerio Público debía evaluar si existían elementos suficientes para presentar una acusación penal o solicitar el sobreseimiento del caso. Seis meses después, no hay decisión alguna.

El cuello de botella

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que representa a familiares de las víctimas, explicó que el caso todavía atraviesa actuaciones procesales pendientes antes de ingresar a la etapa de control de acusación.

“El Poder Judicial está saneando diligencias pendientes, entre ellas la incorporación de familiares como actores civiles. Recién después podremos entrar a la etapa de control de acusación y evaluar el pase a juicio oral”, señaló a Huanca York Times.

El letrado precisó que la conclusión de la investigación no implica que la acusación se presente de inmediato. Según indicó, ese trámite suele demandar varios meses y depende tanto de la labor fiscal como de la carga procesal de los juzgados.

El abogado sostiene que el proceso no avanza porque el juzgado aún no resuelve la incorporación de los familiares de las víctimas como actores civiles. Por lo pronto, el Ministerio del Interior ya figura en el proceso como tercero civil responsable.

Falta especialización 

Quispe afirmó que situaciones similares ocurren en los procesos por las muertes durante las protestas en Cusco, Ayacucho y Puno, donde las investigaciones preparatorias también concluyeron, pero los expedientes aún no ingresan a las siguientes etapas procesales.

Según explicó, los casos se encuentran en juzgados de investigación preparatoria de Lima que no cuentan con especialización en derechos humanos y además afrontan una elevada carga procesal.

Desde que Tomás Aladino Gálvez asumió la Fiscalía de la Nación, las investigaciones de las muertes en las protestas del 2022 y 2023 enfrentaron serias dificultades, como la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Una medida que obligó a transferir los expedientes a otras fiscalías especializadas en derechos humanos. Aun así, las investigaciones continuaron.

«Comisión por omisión»

Según la tesis fiscal desarrollada en el caso Pichanaqui, los mandos policiales, el eneral PNP (r) Martín Villalón Trillo, entonces jefe de la VI Macro Región Policial Junín-Huancavelica, el Coronel PNP César Felipe Chávez Navarro, entonces jefe de la División Policial de Chanchamayo y el Comandante PNP Jonny James Vargas Ontón, entonces comisario de Pichanaqui, no están investigados por haber disparado directamente, sino por su responsabilidad dentro de la cadena de mando policial.

Los cargos contra ellos son Homicidio calificado, por las muertes de Ronaldo Barra Leiva, Diego Galindo Vizcarra y el adolescente J.W.T.C. (17) en el operativo policial del 16 de diciembre de 2022, que buscaba liberar el puente Pichanaqui, bloqueado desde la noche anterior.

Tambiém lesiones graves y leves contra decenas de personas que resultaron heridas durante la intervención policial.

La imputación de la Fiscalía se basa en la figura jurídica de «comisión por omisión» o deber de garante, pues estos oficiales tenían la obligación legal de dirigir, supervisar y controlar la operación policial para evitar muertes y lesiones.

Responsables políticos blindados

Las investigaciones por las muertes en las protestas sociales avanzan contra mandos policiales y presuntos autores materiales, pero en el caso de los responsables políticos, como Dina Boluarte y sus exministros, el proceso quedó afectada por una decisión del Tribunal Constitucional que suspendió las investigaciones penales mientras ella ejercía la Presidencia, decisión que frenó incluso diligencias preliminares. Aunque ahora, ya fuera del poder, hay pedidos para retomar las investgaciones en su contra.

El Congreso, por su parte, archivó denuncias constitucionales vinculadas a las muertes y lesiones ocurridas en las protestas de 2022 y 2023. En septiembre de 2025 la Comisión Permanente archivó una denuncia por homicidio calificado y lesiones, y en junio de 2026 declaró improcedente otra denuncia relacionada con esos hechos.

Un Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados.

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