El consejero regional César Huamantuma denunció que el Gobierno Regional de Arequipa dejó de percibir cerca de 39 millones de soles injustificadamente. Este monto corresponde al derecho de servidumbre por 2,000 hectáreas de terreno que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) entregó de forma provisional a la empresa Southern Perú. Según la autoridad, la omisión de cobro se arrastra desde el año 2015, periodo en el que ninguna gestión regional concretó los trámites de cobro requeridos.

Huamantuma señaló directamente a la Oficina de Ordenamiento Territorial como la responsable de esta grave negligencia institucional. El legislador regional recordó que durante la gestión de Yamila Osorio solo se logró regularizar el trámite de 54 hectáreas. Sin embargo, la administración de Elmer Cáceres Llica anuló y judicializó dicho avance. Posteriormente, la empresa minera obtuvo una sentencia judicial favorable sobre esa pequeña fracción, dejando el resto de las hectáreas en el abandono administrativo.

La situación actual resulta perjudicial para los intereses de la región debido a las últimas disposiciones normativas de la capital. El consejero advirtió que la Resolución Ministerial 0-121 transfiere ahora todas las facultades de administración y cobro de estos recursos al Ejecutivo Nacional. Esta medida centralista genera un puente administrativo que impide al Gobierno Regional de Arequipa recaudar de manera directa los fondos económicos que legalmente le correspondían por el uso de sus tierras.

Zonificación agrícola impide cobro y obliga a la devolución de Pampa Cachendo

El especialista en inversión privada, Elvis Jump, corrigió el enfoque del consejero Huamantuma y aseguró que el cobro de la servidumbre es actualmente inviable. Jump explicó que el Consejo Regional aprobó en el año 2020 la Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Esta norma técnica categorizó formalmente los terrenos de Pampa Cachendo como una zona de uso estrictamente agrícola, lo cual la volvió incompatible con las actividades mineras, y por consiguiente cualquier cobro por dichas acciones.

Debido a este cambio legal, el Gobierno Regional de Arequipa no puede emitir ninguna autorización de servidumbre para la explotación o beneficio minero posterior a tal reglamento, por lo que la deuda por servidumbre sólo ascendería a un aproximado de 21 millones, según Jump. El especialista enfatizó que Southern debió devolver las tierras al Estado desde el momento en que se publicó la ordenanza, pero que la inacción del GRA habría dejado que sigan utilizando los terrenos. Actualmente, la empresa utiliza los predios estatales para una planta de procesamiento mineral sin contar con los títulos de propiedad ni los permisos ambientales correspondientes.

Fiscalía investiga a Rohel Sánchez por presunta corrupción y favorecimiento

El año pasado la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar enfocada en la actuación del gobernador regional, Rohel Sánchez. Las autoridades fiscales indagan los motivos por los cuales el mandatario regional se negó a recuperar las 2,000 hectáreas ocupadas por la minera. De acuerdo con Jump, existen indicios de un presunto favorecimiento ilegal hacia la empresa privada para continuar con las obras de construcción de la planta de beneficio.

Además de la ocupación ilegal del suelo, el caso involucra millonarias deudas tributarias locales y problemas de suministro hídrico. El especialista detalló que Southern también adeudaría millones de soles en impuestos prediales a la Municipalidad Distrital de Cocachacra.

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