A poco más de tres meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre, la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya permite revisar las hojas de vida de quienes buscan convertirse en el próximo gobernador regional de Arequipa.

Las inscripciones cerraron con 14 organizaciones políticas. Sin embargo, al revisar la información disponible, solo aparecen 13 registros. La excepción es María Luisa Flores Carrera, candidata de “Todo con el Pueblo”, cuya hoja de vida no figura en la plataforma consultada al cierre de esta edición.

Entre los aspirantes, el patrimonio más alto declarado corresponde a Harold Edgard Rodríguez Quispe, de Renovación Popular. Según la información, reporta ingresos anuales por S/ 979 mil, bienes muebles valorizados en S/ 162 mil y bienes inmuebles que superan los S/ 12 millones. En total, su patrimonio declarado sobrepasa los S/ 13.1 millones. Esto se debe principalmente a un terreno en el Valle de Chili valorizado en más de S/ 12 millones. Es el postulante con la mayor fortuna registrada en esta contienda electoral.

La segunda declaración patrimonial más elevada pertenece a Hugo Efraín Aguilar Gonzales, candidato del Partido Aprista Peruano. En su hoja de vida reporta ingresos anuales por S/ 637 mil, bienes muebles por S/ 59 mil y propiedades valorizadas en más de S/ 3.3 millones. En conjunto, su patrimonio supera los S/ 4 millones. Está compuesto por inmuebles como departamentos y predios rurales en la provincia de Camaná, además de vehículos de colección consignados como bienes muebles.

Las diferencias entre los postulantes también se reflejan en el aspecto académico. Evaristo Illacutipa Salamanca, candidato de Visión Perú, no registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado. El aspirante nació en Puno y reside actualmente en el distrito de Paucarpata. Una situación similar presenta Giovanna Irene Almonte Guzmán, candidata de Fuerza Ciudadana, quien tampoco consigna formación técnica, universitaria o de posgrado en la documentación presentada ante los organismos electorales.

Elmer Cáceres Llica: Buscará la reelección a pesar de sus 3 sentencias penales firmes

El exgobernador regional Elmer Cáceres Llica vuelve a postular por Alianza para el Progreso. En la hoja de vida presentada ante el JNE no declara ingresos, bienes muebles ni inmuebles, por lo que su patrimonio aparece como cero. Sin embargo, lo más llamativo no son sus bienes, sino sus antecedentes judiciales.

El candidato registra tres sentencias penales firmes. La primera corresponde al delito de entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte, con dos años de pena suspendida ya cumplida. La segunda está vinculada al delito de falsa declaración en proceso, con una condena de un año y ocho meses de pena suspendida. La tercera corresponde al delito de incumplimiento de deberes funcionales, con una sentencia de siete meses que luego fue cancelada mediante resolución judicial.

A estos antecedentes se suman diversos cuestionamientos acumulados en los últimos años. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en octubre de 2021, cuando fue detenido junto a consejeros y funcionarios regionales dentro del caso “Los Hijos del Cóndor”. La tesis fiscal sostiene que se habría buscado apoyo político mediante la entrega de beneficios a consejeros regionales. Cáceres permaneció en prisión preventiva hasta su liberación por exceso de carcelería.

Su trayectoria política también ha estado marcada por otras polémicas, entre ellas un presunto episodio de violencia familiar difundido años atrás.

Benigno Cornejo: 15 predios y casi un millón de soles en patrimonio

El candidato del movimiento regional Arequipa Avancemos presenta una de las declaraciones patrimoniales más amplias de la contienda.

La información consignada ante el JNE muestra ingresos anuales por S/ 94 mil, bienes muebles valorizados en S/ 76 mil y bienes inmuebles que superan los S/ 823 mil. En conjunto, su patrimonio alcanza aproximadamente S/ 994 mil. Esto lo ubica entre los candidatos con mayor cantidad de bienes registrados.

Dentro de su declaración destacan 15 predios, entre terrenos rústicos, parcelas agrícolas y viviendas. También reporta tres camionetas, lo que convierte su expediente en uno de los más detallados en cantidad de propiedades.

En el ámbito judicial, Cornejo registra una sentencia civil vinculada a un proceso de deslinde de terrenos. El fallo dispuso la entrega de un área determinada a favor de la parte demandante, según la documentación electoral.

Jenry Huisa: 17 denuncias y una gestión en Majes rodeada de cuestionamientos

El candidato postula al Gobierno Regional por Ahora Nación luego de dejar la alcaldía distrital de Majes. En su hoja de vida declara ingresos por S/ 123 mil y bienes muebles por S/ 15 mil, correspondientes a un vehículo Volkswagen Golf. Además, registra estudios universitarios concluidos en Administración en la Universidad Nacional de San Agustín y no reporta sentencias judiciales en la documentación presentada ante el JNE.

Sin embargo, gran parte de los cuestionamientos hacia su candidatura provienen de su paso por la gestión municipal. Durante su administración en Majes acumuló 17 denuncias ante el Ministerio Público vinculadas a diversos hechos que abarcan desde presuntos delitos contra la administración pública hasta otros asuntos de carácter personal que actualmente se encuentran en etapa de investigación preliminar.

Su gestión también fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en el gasto público, observaciones sobre la ejecución de obras y cuestionamientos relacionados con la compra de bienes para el municipio. Entre los casos más difundidos figuran denuncias por una presunta sobrevaloración en la adquisición de plantones de palmeras y observaciones respecto al mantenimiento de obras ejecutadas durante su administración.

A ello se suman investigaciones relacionadas con el presunto uso de un expediente técnico ajeno para una obra pública y denuncias por el uso de una camioneta municipal en actividades de carácter proselitista. 

Pedro Martínez: del Congreso a la campaña con una sentencia y una denuncia por lavado

Pedro Edwin Martínez Talavera representa en esta ocasión al partido Acción Popular. Fue regidor y alcalde de Mariano Melgar, además de desempeñarse como congresista de la República durante el periodo 2021-2026. 

Respecto a sus bienes, declaró ingresos anuales por S/ 200 mil y bienes muebles valorizados en S/ 62 mil. También registra una sentencia penal por el delito de nombramiento ilegal para cargo público, sanción que fue cumplida conforme a lo consignado en la documentación electoral.

Su situación judicial también incluye una investigación por presunto lavado de activos. En 2023, la Fiscalía de Arequipa solicitó una condena de 11 años de prisión al considerar que existiría un desbalance patrimonial superior a los S/ 700 mil durante su etapa como alcalde distrital. El proceso continúa dentro de las instancias correspondientes.

Durante su paso por el Congreso, Martínez también estuvo vinculado a las investigaciones del caso conocido como “Los Niños”, grupo de parlamentarios señalados por presuntamente favorecer al gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, enfrentó cuestionamientos por la contratación de Isabel Cajo y por diversos episodios polémicos que marcaron su desempeño parlamentario.

Florentino Zegarra: el candidato con más sentencias registradas en la contienda

El exalcalde de José Luis Bustamante y Rivero y exalcalde provincial de Arequipa postula por Fuerza Arequipeña y registra la mayor cantidad de sentencias consignadas entre los aspirantes al Gobierno Regional.

Según la información presentada ante el JNE, registra dos sentencias penales firmes por otorgamiento ilegal de derechos, con condenas de cuatro años y tres años y seis meses respectivamente, ambas ya cumplidas. Además, aparecen tres fallos en materia civil y laboral relacionados con procesos de indemnización por daños y perjuicios y otros conceptos económicos.

Su trayectoria política también ha estado marcada por procesos judiciales de alto perfil. Uno de los más conocidos corresponde al caso de la Universidad Continental, por el cual fue condenado en 2021 por otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica tras autorizar cambios de uso en terrenos donde posteriormente se instaló dicha casa de estudios.

Asimismo, su nombre estuvo vinculado a investigaciones relacionadas con el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Acondicionamiento Territorial y el caso conocido como “Los Malditos de Chumbivilcas”, vinculado al tráfico de terrenos. 

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