El Consejo Regional de Junín mandó a la congeladora por 30 días la ordenanza que buscaba proteger las cabeceras de cuenca del Huaytapallana. Pese a que la Gerencia de Recursos Naturales calificó el tema como un «caso emergente y urgente» tras el ecocidio del 27 de abril en el río Yuracyacu, solo tres consejeros votaron a favor de su aprobación inmediata.
La decisión se produjo tras la intervención directa de abogados de las empresas Oro Negro y Tacana Energy en la sesión. El abogado Alexander Osores advirtió que la norma afectaría la «seguridad jurídica» y los derechos adquiridos, señalando que el Gobierno Regional se extralimitaría en sus funciones.
«En ese sentido, existen ya sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado, pues, la inconstitucionalidad de normas de rango regional y asimismo, pues, ha conllevado también a denuncias a los consejeros que han aprobado las mismas«, dijo Osores ante el pleno del Consejo.
Tras la decisión del Consejo, el gerente de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, lamentó que la empresa privada «hiciera dudar a nuestros consejeros», provocando una «dilatación» en la aprobación de la ordenanza y eso limita la capacidad de respuesta ante desastres ambientales.
Yáñez aclaró que la ordenanza no declaraba la intangibilidad, facultad que admitió pertenece a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino que establecía una declaratoria de interés regional para priorizar inversiones y exigir que las instituciones nacionales cumplan sus funciones.
Durante el debate, la voz de la población también mostró desconfianza hacia las autoridades. La representane de las comunidades campesinas del Canipaco, Luz Goyzueta, exigió ampliar la protección a las cuencas del río la Virgen y Canipaco, denunciando la presemcia de la minera Corhuarmi y otras contaminan el agua usada por comuneros.
«Sus actos quedan con la letra muerta porque nadie exige… matan la laguna, señor, sacan oro y la gente se muere de hambre», increpó Goyzueta a los funcionarios y consejeros presentes.
La mayoría del Consejo optó por la cautela legal. Argumentaron que la propuesta carecía de informes técnicos del ANA, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el SERNANP, requisitos que el abogado de las mineras también exigió.
El proyecto de ordenanza fue derivado a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Consejo Regional que ahora tiene un plazo de un mes, 30 días, para emitir un dictamen.
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