La difusión pública de un informe policial reservado, elaborado en 2023 por la Policía Nacional del Perú (PNP), ha reavivado el debate sobre las investigaciones relacionadas con las protestas sociales registradas en el sur del país entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023. El documento incluye a dirigentes de Ilave, provincia de El Collao (Puno), dentro de una investigación por la presunta conformación de una organización denominada «Los Azuzadores del Sur».

Se trata del Informe Policial N.° 092-2023-DIRNIC-DIRINCRI PNP/DIVINCCO-EEI, en el que la Policía plantea al Ministerio Público la adopción de medidas como detenciones preliminares, allanamientos e incautaciones, en el marco de una investigación por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, disturbios, daños, robo agravado y otros hechos vinculados a las movilizaciones sociales.

Dirigentes de Ilave figuran en el informe policial

Entre las páginas difundidas aparece una relación de personas investigadas a quienes el documento atribuye presuntos roles dentro de la organización señalada por la hipótesis policial.

En el caso de la provincia de El Collao – Ilave, el informe menciona a:

• Lucio Ccallo Callata, identificado como presunto coordinador de organizaciones sociales de la provincia.

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• Ruth Miriam Flores Jarecca, señalada como promotora de la revocatoria contra el alcalde de El Collao.

Asimismo, el documento incorpora a dirigentes y representantes sociales de Puno, Juliaca, Azángaro, Arequipa, Ayacucho y otras regiones, asignándoles distintos niveles de participación dentro de la investigación desarrollada por la Policía.

Hipótesis policial sobre las protestas sociales

Según el informe, la tesis policial sostiene que la presunta organización habría coordinado diversas acciones durante las protestas sociales registradas tras la crisis política de diciembre de 2022.

Entre las conductas investigadas figuran:

• Bloqueo de carreteras.
• Toma de aeropuertos.
• Interrupción del libre tránsito.
• Paralización de actividades.
• Afectación de servicios públicos.

• Convocatoria y organización de movilizaciones.

El documento también incorpora un organigrama que describe las funciones que, según la investigación policial, habrían desempeñado los investigados.

Documento reservado fue difundido públicamente

El informe fue difundido públicamente en las últimas horas por el dirigente Claudio García, quien compartió parte del expediente que hasta ahora mantenía carácter reservado.

La publicación ha generado nuevas reacciones sobre el alcance de las investigaciones realizadas por la Policía y el Ministerio Público en torno a las protestas sociales que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos, principalmente en la región Puno.

Investigación continúa y rige la presunción de inocencia

Hasta el momento, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la difusión del documento ni sobre eventuales nuevas diligencias derivadas de su publicación.

Es importante precisar que las personas mencionadas en el informe forman parte de una investigación preliminar, por lo que su inclusión en el expediente no constituye una declaración de culpabilidad ni una sentencia condenatoria. Cualquier eventual responsabilidad penal solo podrá ser determinada por las autoridades judiciales competentes, respetando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

La difusión del informe vuelve a colocar en el centro del debate las investigaciones vinculadas a las protestas sociales de 2022 y 2023, así como el alcance de las diligencias realizadas por las autoridades en torno a estos hechos.

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