Una grave epidemia de violencia sexual afecta de forma sistemática a niñas y adolescentes de las comunidades awajún y wampís en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Ante la inacción de las autoridades, 66 organizaciones de la sociedad civil suscribieron una carta abierta dirigida a los tres niveles de gobierno, exigiendo una respuesta concreta en un plazo máximo de 30 días. La propuesta principal busca despachar directamente en el territorio mediante una reunión de alto nivel en Santa María de Nieva, involucrando activamente al Gobierno Territorial Autónomo Awajún y al Consejo de Mujeres Awajún.

La exministra de Educación, Patricia Correa, advirtió que las políticas aplicadas desde Lima han fracasado por su falta de enfoque intercultural y la ausencia de un trabajo articulado con los liderazgos indígenas. Las cifras actuales evidencian la magnitud de la crisis: en lo que va del año se registraron cerca de 80 casos de abusos sexuales en la zona, acumulando entre 800 y 1.000 denuncias desde el 2010, las cuales han derivado en apenas tres sentencias judiciales. Además, la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH presenta un índice de contagio de un varón por cada mujer, una proporción alarmante respecto al promedio nacional.

Por su parte, Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, denunció la precariedad de los servicios de justicia y el abandono logístico de las fiscalías. A esta compleja problemática se suma la intromisión de economías ilegales como la minería informal y la trata de personas, actividades que vulneran la tranquilidad de los territorios y expresan la ausencia del Estado. La dirigenta subrayó que, para frenar la impunidad de los docentes agresores, es indispensable modificar la conformación de las comisiones sancionadoras de las UGEL, permitiendo el ingreso de padres de familia y líderes comunitarios.

Propuestas para una solución integral

Volviendo a la crisis en la Amazonía, la colectividad solicitó la creación de un programa presupuestal específico dentro de la Ley de Presupuesto Público 2027, destinado a financiar servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística. Resulta imperativo contar con intérpretes de lenguas originarias en comisarías, juzgados y centros de salud mental, garantizando que las víctimas puedan rendir sus testimonios sin barreras idiomáticas ni revictimización en el sistema de justicia.

Finalmente, las organizaciones sociales e indígenas enfatizaron la necesidad de reconocer el derecho consuetudinario mediante la aprobación de protocolos de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Este esquema busca fortalecer las defensorías comunitarias y los sistemas de sanción propios del pueblo awajún, estableciendo un frente común coordinado para erradicar definitivamente la violencia contra la niñez amazónica.