Las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de esterilizaciones forzadas pedirán que el Perú sea incluido en el Capítulo IV.B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el archivo fiscal de la investigación contra 52 personas señaladas como presuntas responsables.
La petición forma parte de una ofensiva legal que también comprende una apelación ante un fiscal superior y una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que examine la decisión fiscal frente a las obligaciones internacionales del Estado peruano.
La Fiscalía archivó la investigación de las esterilizaciones forzadas aplicadas en el gobierno de Alberto Fujimori, al aplicar la prescripción de delitos de lesa humanidad, aprobada por el último congreso unicameral, prevista en la Ley 32107, conocida como una de las leyes Rospigliosi.
Los representantes de las víctimas cuestionan que la Fiscalía haya cerrado el caso pese a los elementos que, según la propia resolución fiscal, apuntan a la existencia de esterilizaciones sin consentimiento y de hechos que reúnen características de crímenes de lesa humanidad.
Pedirán que la CIDH examine la situación del Perú
Patricia Cruz, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), anunció que las organizaciones solicitarán que la CIDH incluya al Perú en el Capítulo IV.B de su informe anual.
Este apartado permite a la Comisión examinar situaciones especialmente graves de derechos humanos en los países de la región. La inclusión no es automática ni constituye una sanción derivada directamente del archivo fiscal: corresponde a la CIDH evaluar la información disponible y decidir qué países incorpora.
Las organizaciones sostienen que la decisión de archivar la investigación, por aplicación de la prescripción, debe evaluarse junto con las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar graves violaciones de derechos humanos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Cruz también anunció que comunicarán el archivo a la Corte IDH y pedirán su intervención para que examine lo ocurrido y requiera explicaciones al Estado peruano.
Apelarán archivo fiscal
Por su parte, Sigfredo Florián Vicente, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), anunció que la defensa de las víctimas apelará el archivo para que un fiscal superior especializado en derechos humanos lo revise y pueda reiniciar la investigación.
Florián sostuvo que la Fiscalía no evaluó adecuadamente los precedentes judiciales en los que se inaplicó la Ley 32107. Según el abogado, la Corte Suprema y la Sala de Derechos Humanos de la Corte Penal Nacional han dejado de aplicar esa norma en más de 50 casos.
El abogado considera que esos antecedentes debieron tomarse en cuenta antes de declarar prescrita la acción penal. La elevación de actuados permitirá que un fiscal superior revise los argumentos de la defensa y decida si confirma el archivo o dispone que la investigación continúe.
Florián también recordó que el caso de las esterilizaciones forzadas se relaciona con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en el caso de María Mamérita Mestanza y con la sentencia posterior de la Corte IDH sobre Celia Ramos.
Sentencia sobre Celia Ramos
Esteban Madrigal, representante del Centro de Derechos Reproductivos, sostuvo que el archivo debe examinarse a la luz de la sentencia que la Corte IDH emitió en el caso de Celia Edith Ramos Durand, esterilizada sin consentimiento y fallecida en 1997.
La Corte declaró responsable internacionalmente al Estado peruano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ramos Durand y por las deficiencias y demoras injustificadas en la investigación de su muerte.
El tribunal ordenó avanzar en la investigación y, de corresponder, juzgar y sancionar a los responsables. También estableció que, en la investigación por los hechos que afectaron a Celia Ramos, no pueden aplicarse disposiciones de prescripción, amnistía u otras medidas que impidan investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Madrigal cuestionó que la Fiscalía haya archivado la investigación por prescripción pese a ese mandato. Sostuvo que la justicia para Celia Ramos y las demás mujeres afectadas constituye una obligación internacional del Estado peruano.
La Corte IDH aún tendría que evaluar cualquier cuestionamiento formal sobre el cumplimiento de su sentencia.
Más de 4 mil víctimas en 22 regiones
La investigación comprende a 4.172 víctimas y 52 personas investigadas del régimen del autócrata Alberto Fujimori. El expediente archivado reúne denuncias por esterilizaciones forzadas practicadas entre 1990 y 2000, en 22 regiones del país. Entre los investigados figuran los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
Dionicia Calderón, una de las afectadas, relató las dificultades que sufrió tras la intervención y cuestionó que, después de décadas de búsqueda de justicia, la investigación haya terminado archivada.
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