Más de la mitad del oro exportado por el Perú hasta agosto de 2026 habría tenido origen ilegal y alcanzado un valor de 12.063 millones de dólares, según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). El monto supera incluso el registrado durante todo 2025 y muestra las dificultades del Estado para impedir que el oro extraído ilegalmente ingrese al circuito comercial.
El problema es toda la cadena de producción. Antes de ser exportado, el mineral pasa por plantas de procesamiento, intermediarios y comercializadores. En ese recorrido, los controles insuficientes y los vacíos de fiscalización permiten que el oro ilegal se mezcle con producción de origen legal y pierda su rastro, advierte Redes.
La propuesta del Ejecutivo para regular la minería artesanal y de pequeña escala no resuelve estas debilidades. Aunque la Ley MAPE plantea cambios en la fiscalización de las plantas de beneficio, deja pendientes los mecanismos para seguir el mineral desde su extracción hasta su procesamiento y comercialización.
Fiscalización temporal
El proyecto asigna al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) funciones de fiscalización sobre las plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias. Sin embargo, esta intervención tendrá un plazo de cinco años.
Las plantas con capacidad inferior continuarán bajo la supervisión de los gobiernos regionales, que enfrentan limitaciones técnicas y operativas para ejercer un control efectivo.
Para el analista Iván Arenas, el cambio no garantiza una fiscalización suficiente ni impedirá que el mineral ilegal se incorpore a la producción formal. «El detalle es que nada garantiza que, bajando la fiscalización de la producción, se siga camuflando minerales», señaló.
La implementación de estas nuevas competencias permanece pendiente. La propuesta no establece con precisión cuándo comenzará ni cuándo concluirá la transferencia de funciones a las entidades nacionales. Mientras ese proceso no se concrete, las responsabilidades continuarán en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Arenas dijo que el retraso en la transferencia podría prolongar esta situación, incluso cuando el proyecto plantea crear el Formape, una nueva institución encargada de conducir el proceso de formalización.
Trazabilidad pendiente
Otro de los principales vacíos está en la trazabilidad. La propuesta no establece plazos ni responsabilidades concretas para implementar sistemas que permitan identificar el origen del mineral y seguir su recorrido hasta la comercialización.
Estos mecanismos se definirán en el reglamento de la Ley MAPE, que deberá aprobarse en un plazo de 120 días desde su publicación. Sin embargo, el proyecto no desarrolla cómo se verificará que el oro declarado por los operadores provenga efectivamente de actividades legales.
Arenas advirtió que acreditar el origen del mineral mediante documentos no basta para garantizar su trazabilidad. «La trazabilidad implica no solo la demostración de los papeles, sino la rigurosidad de las autoridades y funcionarios», sostuvo.
Además, la apertura de cuentas en el Banco de la Nación para los mineros comprendidos en el nuevo régimen requiere mayores precisiones. La propuesta no detalla qué controles permitirán verificar el origen legal del oro ni cómo se evitará que recursos provenientes de la minería ilegal ingresen al sistema financiero.
Los problemas del Reinfo
La propuesta contempla reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por el Régimen de Consolidación. Sin embargo, el cambio de nombre no garantiza que desaparezcan las prácticas que permitieron comercializar mineral de origen ilegal bajo la cobertura de la formalización.
Arenas advierte que la minería ilegal ya utiliza el Reinfo para colocar oro en el mercado formal. Por ello, considera que la efectividad del nuevo régimen dependerá de que los sistemas de trazabilidad funcionen y de que las autoridades ejerzan controles reales sobre la producción y comercialización. «Se supone que el sistema de trazabilidad dará las garantías, pero hoy ya hay un sistema de trazabilidad que no funciona», afirmó.