Como Guido Bellido Ugarte en el anterior Congreso, la diputada cusqueña Analí Márquez Huanca parece haberse convertido en vocera de los mineros informales. A iniciativa de la bancada de Juntos por el Perú (JP), Márquez presentó un nuevo proyecto de ley que busca ampliar el proceso de formalización minera integral (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028. Sería la sexta prórroga, pese a que en veinte años se formalizó menos del 3% de los mineros inscritos. La ampliación vigente vence el próximo 31 de diciembre.
La propuesta condiciona el cierre del Reinfo a la culminación de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, destinado a «conocer la situación real de la actividad minera». El registro no podrá cerrarse hasta que se publiquen los resultados del censo y concluya la reversión de concesiones mineras ociosas.
Expertos como César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI); Iván Arenas, especialista en temas mineros; y Dante Vera, director fundador de V&C Analistas, han advertido reiteradamente que una nueva ampliación del registro prolongará las actividades ilegales que operan bajo apariencia de informalidad y la impunidad de quienes contaminan ríos, bosques y otros ecosistemas.
Según la bancada de JP, el problema de fondo es la retención de áreas mineras sin trabajo acreditado. Por ello, el proyecto amplía el plazo del Reinfo y modifica los artículos 39 y 40 de la Ley General de Minería para elevar el pago del derecho de vigencia en función de la superficie acumulada por cada titular. Propone tarifas de hasta 20 dólares por hectárea para quienes acumulen más de 100.000 hectáreas, reduce a 15 años el plazo para la caducidad de las concesiones y establece penalidades de hasta el 10% de la producción mínima para quienes no inviertan.
Para los promotores de la iniciativa, una concesión que después de diez años no registra producción ni inversión comprobada es una concesión «ociosa». En su exposición de motivos, JP sostiene que la medida busca «desalentar la retención sin trabajo acreditado» y «democratizar el acceso» a la minería formal, facilitando que pequeños productores accedan a las áreas liberadas tras los procesos de caducidad. «El valor económico de una concesión no agota su función. Importa también que la inversión y el trabajo hagan posible aprovechar el recurso dentro de la ley», señala el documento.
La propuesta de mantener el Reinfo por dos años más, pese a sus magros resultados, vuelve a poner en evidencia la influencia de los gremios de la minería informal en el Congreso. El proyecto de JP recoge buena parte de las demandas de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe).
El mismo día en que se presentó la iniciativa, el 4 de noviembre, el dirigente de Confemin, Magno Ismael Palomino, difundió en sus redes sociales fragmentos del proyecto y escribió: «Confemin y mineros del Perú, ¡vamos por todo!». Palomino destacó que la propuesta contempla la ampliación inmediata del plazo de formalización, la reversión de concesiones «ociosas» al Estado, la modificación del régimen de concesiones mineras y la realización de un censo minero nacional antes de debatir o aprobar cualquier Ley MAPE.
La iniciativa llega, además, pocos días después de que la bancada de Obras retirara un proyecto similar que buscaba ampliar el Reinfo.