Hoy, 21 de febrero de 2026, se cumple exactamente un año de la tragedia que sacudió a Trujillo cuando el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza se vino abajo, dejando un saldo de seis personas fallecidas y más de 90 heridos.

A pesar del impacto social y mediático del siniestro, el caso no ha avanzado hacia una conclusión judicial definitiva: sigue en investigación preparatoria, y lo que resta es que una comisión de peritos multidisciplinarios convocada por la Fiscalía de la Nación emita la pericia final que determine de manera técnica y legal quién o quiénes son los responsables del colapso estructural.

Durante estos 12 meses, la investigación ha enfrentado múltiples retos por la complejidad del caso y la cantidad de involucrados, tanto de las empresas que participaron en el diseño y mantenimiento del techo como de autoridades municipales encargadas de la supervisión técnica.

Falta el dictamen final

Aunque el Ministerio Público ha recabado testimonios, documentos y evidencia pericial preliminar, la falta de un dictamen final ha impedido la formalización de cargos claros y la definición de responsabilidades penales. Familiares de las víctimas y diversos sectores exigen que la pericia multisectorial establezca con precisión si hubo fallas de diseño, construcción, supervisión o mantenimiento que permitieron el desplome.

La expectativa ahora está puesta en el informe técnico que debe elaborar la comisión de expertos convocada por la Fiscalía de la Nación, que será el insumo clave para determinar no solo las causas del colapso sino también si se corresponde con delitos como homicidio y lesiones culposas en perjuicio de las víctimas.

Hasta que ese documento final no sea presentado y analizado, el proceso penal no tendrá una ruta clara hacia la formalización de acusaciones o el cierre del caso, prolongando la incertidumbre sobre uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de La Libertad.

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