César Quispe Calsín, representante legal de las familias afectadas por las protestas sociales de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, advierte que una serie de cambios de fiscales ha dilatado el proceso judicial, favoreciendo la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Tres etapas de demora

Quispe Calsín identifica tres periodos clave en los que la investigación sufrió reveses:

1. Época de Patricia Benavides: Se realizaron cinco cambios de fiscal, lo que supuso una paralización casi total de las diligencias.
2. Gestión de Juan Carlos Villena: Hubo un avance significativo gracias a la prioridad que Villena otorgó al caso.
3. Administración de Delia Espinoza: La Junta Nacional de Justicia ‘conformada por miembros designados por el Congreso’ ordenó un sexto relevo, lo que volvió a interrumpir las pesquisas.

“Cada cambio obliga al nuevo fiscal a reubicar su teoría del caso, lo que retrasa notablemente el avance”, explica Quispe Calsín.

Impacto en la investigación preparatoria

La investigación preparatoria debe concluir en septiembre de 2025, según el Código Procesal Penal. De no presentarse una acusación sólida este año, el riesgo de extinción de la acción penal aumentaría.

• Plazo vigente: Ampliado hasta septiembre de 2025.
• Objetivo: Formular cargos por homicidio calificado, lesiones graves y leves contra los autores directos y su cadena de mando.

Hasta la fecha, 19 mandos policiales y militares de Juliaca (16 policías y 3 militares) han sido identificados y citados. Sin embargo, los constantes relevo de fiscales obligan a repetir entrevistas y análisis de pruebas.

Clamor por la transparencia y continuidad

Quispe Calsín y la Asociación de Mártires y Víctimas instan a la Junta Nacional de Justicia a no intervenir más en la designación de fiscales. Señalan que la “colocación de alfiles” por parte del Congreso busca dilatar el proceso y favorecer a los investigados.

“El Congreso ha puesto a sus alfiles en la Junta Nacional de Justicia para nombrar jueces y fiscales que favorezcan la impunidad”, denuncia el abogado.

Próximos pasos y expectativas

1. Cierre de la fase preparatoria: Presentar la acusación antes de septiembre de 2025.
2. Juicio oral: Llevar a los tribunales a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos.
3. Investigación a altos funcionarios: Incluye la denuncia constitucional presentada ante el Congreso contra Dina Boluarte y el exministro Otárola.

El desenlace de este caso marcará un precedente crucial para la justicia en el país, al sentar responsabilidad a los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de manifestaciones sociales.

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