La construcción del Aeropuerto de Chinchero Cusco avanza lentamente y arrastra problemas legales que golpean las arcas públicas. En más de diez años, la obra solo ha alcanzado un 33% de avance, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La historia reciente incluye arbitrajes internacionales, pagos millonarios y ahora una nueva demanda.
En abril de 2014, el consorcio Kuntur Wasi, integrado por Corporación América y Andino Investment Holding, obtuvo la concesión para edificar el terminal. La inversión estimada era de 658 millones de dólares. Sin embargo, en julio de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el Ejecutivo resolvió de forma unilateral el contrato.
Ese cambio provocó que Kuntur Wasi llevara el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En 2024, el tribunal ordenó al Perú pagar más de 91 millones de dólares por anular el acuerdo sin justificación suficiente. El Estado también desembolsó más de 9,3 millones de dólares en defensa legal.
-
Recomendados:
- Huanta: Presuntos arranchadores de droga disparan contra agricultor y dirigente
- Juliaca: Detienen a dos postulantes de la UNAJ por intentar fraude en examen de admisión
- Carabaya: Boca San Gabán enfrenta violento desalojo minero y pide urgente intervención de autoridades
Aeropuerto de Chinchero Cusco y los exministros demandados
Según el diario Perú 21, la Contraloría General auditó el contrato y detectó irregularidades. Con ese sustento, el procurador de la entidad, Amado Enco, presentó una demanda civil contra Bruno Giuffra, exministro del MTC; Eduardo Ferreyros Küppers, exministro de Comercio Exterior; y Rosa Nakagawa Morales, exdirectora de Concesiones en Transportes.
Enco exige que los tres paguen 9’308,861 dólares, monto correspondiente al gasto en abogados por el arbitraje. Según la demanda, Giuffra y Ferreyros firmaron el oficio que notificó a Kuntur Wasi la decisión de anular el contrato por “razones de interés público”.
El procurador advierte que la resolución del contrato ocurrió solo tres meses después de que el Gobierno firmara la adenda 1 con la concesionaria. La Contraloría sostiene que no hubo sustento técnico ni legal que explique la medida.
El reporte del MTC del que se apoyaron los demandados fue avalado por Rosa Nakagawa Morales, la directora de Concesiones en Transportes en ese entonces.
Sin embargo, Rosa Nakagawa afirmó que solo elevó un informe del Estudio Payet, Rey Cauvi, Pérez, solicitado por Giuffra para evaluar la continuidad de la obra. Aseguró que el laudo del Ciadi no cuestiona en qué momento se sustentó el interés público. También señaló que llevaba 19 días en el cargo cuando se anuló el contrato.
En octubre de 2019, el Gobierno de Martín Vizcarra firmó un acuerdo con Corea para retomar la construcción. El entonces ministro Edmer Trujillo aseguró que el aeropuerto funcionaría en 2024. Sin embargo, el avance no llega ni al 50%.
Eduardo Ferreyros no ha brindado declaraciones y, según su entorno, no ha sido notificado de la demanda. Bruno Giuffra tampoco respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico que le hizo llegar el diario Perú 21; allegados indican que vive fuera del país desde hace dos años.