En el informe «Perú: el autoritarismo avanza», Amnistía Internacional analiza el estado de los derechos humanos en el Perú durante el mandato de Dina Boluarte, quien entra a su último año de gobierno. El documento señala un preocupante avance del autoritarismo, acompañado del cierre del espacio cívico y la consolidación de la impunidad.

«Protestar, expresarse o participar en organizaciones sociales se vuelve cada vez más riesgoso en Perú», según el informe.

Esta tendencia, comparable a lo ocurrido en países como Venezuela o El Salvador, representa un grave riesgo para la vigencia de los derechos fundamentales. Frente a este escenario, Amnistía Internacional reitera: los derechos humanos no se negocian y deben garantizarse sin excepción.

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CONCLUSIONES

El Perú está atravesando un proceso de cierre del espacio cívico, que se hace evidente en las acciones del Ejecutivo. Las vulneraciones al derecho a la protesta pacífica , la desprotección e incluso ataques a medios de comunicación, sumadas a posibles supervisiones arbitrarias contra organizaciones y medios de prensa que cuestionan a quienes se encuentran en el poder, son indicadores de un giro hacia prácticas autoritarias que afectan el acceso y goce de derechos de todas las personas.

El cierre del espacio cívico conduce al debilitamiento de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, quienes se ven restringidos o eliminados para seguir contribuyendo a la rendición de cuentas y la transparencia. La participación ciudadana también se debilita, pues la represión y la legalización de la criminalización de la protesta desincentiva que más personas se sumen. Esto genera apatía, desconfianza en las instituciones y desconexión de la vida pública.

Otro efecto es la reducción del pluralismo y del debate público, ya que la represión del desacuerdo y la falta de diversidad de voces públicas limitan los espacios de intercambio y las distintas alternativas y perspectivas. Esto debilita la representación y homogeniza el discurso bajo una narrativa única.

Frente al contexto electoral de 2026 –con elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales- es imperativo visibilizar el deterioro institucional para que las autoridades y la sociedad civil activen los mecanismos necesarios que nos fortalezcan como sociedad y eviten que lleguemos a un punto de no retorno donde no haya garantías de derechos.

RECOMENDACIONES

AL PODER EJECUTIVO

• Respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Perú es Estado Parte, cumpliendo aquellas decisiones internacionales que determinen su responsabilidad internacional. Incluido el observar y no promulgar el proyecto de Ley N° 7549, por buscar la amnistía de responsables, investigados, procesados y sentenciados de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tomar medidas para revertir proactivamente y abstenerse de dar cualquier declaración que estigmatice como “delincuentes” o “terroristas” a quienes expresan una opinión contraria al gobierno o cuestionan su actuar.

• Respetar el derecho a la libertad de asociación de todas las organizaciones no gubernamentales, incluidas las que reciben apoyo de la cooperación internacional.

• Garantizar el derecho a la protesta de todas las personas, asegurando que las fuerzas armadas y policiales se abstengan de realizar actos que violen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
• Defender la autonomía del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para su lucha efectiva contra la violencia basada en género.

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Reevaluar y derogar las normas:

• Decreto Legislativo N° 1589, que modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, para garantizar la seguridad y tranquilidad pública.
• Ley N° 32301, ley que modifica la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, con la finalidad de fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsables, y dicta otras disposiciones.
• Ley N° 32107, Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
• Ley N° 32331, Ley que fortalece el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

• Exigir al Estado peruano el respeto de los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo las recomendaciones del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las decisiones que declaran la responsabilidad internacional del Estado peruano.
• Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con recursos y plataformas para amplificar sus denuncias, especialmente en el contexto preelectoral de 2026.